Desde el gobierno provincial dieron a conocer que la propiedad del ex intendente de Guaymallén, Luis Lobos, condenado por corrupción, será subastada el próximo 21 de diciembre.
Según la decisión de la jueza María Paz Gallardo, quien en el año 2021 firmó el fallo del primer juicio bajo la figura de extinción de dominio en todo el país, luego de que el funcionario público fuera condenado por motivos de corrupción y perdiera todo su patrimonio al no poder justificar de donde provenía.
El 21 de diciembre tendrá lugar la subasta pública del inmueble ubicado en calle Tirasso 4357, del distrito El Sauce, Guaymallén. La propiedad pertenecía al ex intendente Luis Lobos, quien fue declarado culpable del delito de enriquecimiento ilícito, defraudación y administración fraudulenta y ahora se encuentra alojado en el penal de San Felipe.
La base de este acto será bajo la modalidad mixta de sobre cerrado con puja entre oferentes. El precio base se fijó en $127.750.000 y se realizará en la Oficina de Subastas Judiciales, Av. San Martín 322, PB, Ciudad de Mendoza.
Las propuestas serán recibidas hasta las 9:30 del 18 de diciembre. Los oferentes deberán acompañar el 10% del monto de la oferta en garantía de la propuesta mediante depósito judicial o transferencia interbancaria en el Banco de la Nación Argentina”, establece la resolución.
“La extinción de dominio es una herramienta jurídica muy importante para combatir efectivamente la corrupción, para que los bienes mal habidos puedan volver a la ciudadanía, conforme la sentencia de un juez que así lo establezca”, afirmó el subsecretario de Justicia, Marcelo D’Agostino.
El subsecretario destacó que se trata de “la primera sentencia en cumplimiento de la única ley de extinción de dominio que está vigente en el país”, a la que se llega “luego de un proceso civil con todas las garantías para el demandado Lobos, tras el cual fue declarada la extinción de dominio sobre sus bienes en primera instancia, y después, confirmada por la Cámara Civil y luego por la Corte, organismo que declaró la constitucionalidad de la ley”.
La resolución de la magistrada Paz Gallardo establece que no se subastarán los bienes muebles -portones, bomba de agua y otros- que existen en la propiedad y que se entreguen a la Dirección General de Escuelas para distribuir entre establecimientos escolares que los necesiten.
Además, indicaron que los fondos que se obtengan del remate serán destinados a la construcción y reparación de escuelas públicas.
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