Paula Giménez y Lucas Aguilera recuperaron la libertad y ya se encuentran en Estambul, luego de haber sido arrestados en Bengasi cuando participaban de un convoy humanitario hacia Gaza. Sus familias celebran el alivio, aunque reclaman garantías para su regreso seguro a Mendoza.
La historia que mantuvo en vilo a sus familias y amigos durante un mes tuvo un desenlace esperado: los mendocinos Paula Giménez y Lucas Aguilera fueron liberados en Libia y trasladados a Turquía, tras permanecer detenidos desde el 24 de mayo en la ciudad de Bengasi. La noticia fue confirmada por sus familiares y organizaciones humanitarias que acompañaron el reclamo por su liberación.
Ambos integraban el convoy internacional Global Sumud Maghreb, que buscaba llevar asistencia médica y alimentos a la población de Gaza. En medio de un operativo militar, fueron privados de su libertad junto a otros ocho activistas de distintas nacionalidades. Durante semanas, permanecieron incomunicados y en condiciones precarias, lo que generó denuncias de organismos de derechos humanos.
La liberación se concretó luego de gestiones diplomáticas y presiones internacionales. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Libia dispuso la expulsión de los diez activistas, lo que permitió que los mendocinos fueran trasladados a Estambul. En imágenes difundidas por la organización, se los vio sonrientes y con gestos de alivio, tras un mes de incertidumbre.
El hermano de Lucas Aguilera confirmó que ambos ya estaban en Turquía y agradeció el acompañamiento recibido. “Fue un mes muy duro, pero hoy podemos decir que están libres. Ahora necesitamos que Cancillería garantice su regreso seguro”, expresó en declaraciones públicas.
Paula Giménez, psicóloga de 42 años, tiene experiencia en atención en contextos de guerra y catástrofes, vinculada a la agencia NODAL. Lucas Aguilera, veterinario de 49 años, es reconocido por su militancia social y defensa de los derechos humanos. Ambos integraban la misión internacional conocida como “los 10 del Magreb”.
Si bien la liberación representa un alivio, las familias y organizaciones sociales remarcan que aún faltan garantías efectivas para su traslado a Mendoza. Reclaman asistencia consular, médica y psicológica, además de un compromiso más activo del Estado argentino en la protección de sus ciudadanos.
El caso generó repercusión internacional y puso en debate el rol de los voluntarios en zonas de conflicto. La experiencia de los mendocinos refleja tanto la solidaridad de quienes se suman a misiones humanitarias como los riesgos que enfrentan en escenarios de guerra.
