El juez Sebastián Sarmiento dispuso que se terminará la autorización que había sido conferida a raíz de la pandemia, sin embargo, adelantó que el retiro de los equipos telefónicos se hará de manera gradual.
El juez de Ejecución Penal, Sebastián Sarmiento, rechazó los pedidos para mantener el beneficio que mantenían los reclusos en las cárceles de Mendoza. Se trata del uso de los teléfonos celulares por parte de los internos que fue habilitado durante la pandemia por Covid.
El magistrado resolvió que en un plazo de aproximadamente seis meses se debe retirar todos los equipos telefónicos, aunque indicó algunas excepciones. Entre estas se encuentran las mujeres privadas de la libertad, por lo que las internas podrán seguir utilizando los móviles.
Además, el juez indicó que, en este retiro gradual de los celulares, se notificará a los presos con un plazo de 30 días para que los familiares tengan la oportunidad de retirar las unidades de las penitenciarias.
A cambio, Sarmiento especificó que se deben garantizar las visitas familiares con una frecuencia de una semana como mínimo.
Sin embargo, solo se retirarán esos celulares donde esté instalado un sistema de telefonía pública, que el sistema debe garantizar. De igual manera, resolvió que se instalen equipos de videollamadas para las emergencias familiares o el contacto de los detenidos con sus abogados.