Un proyecto de ley propone prohibir el uso de celulares en las cárceles, sin embargo, la prórroga de la emergencia sanitaria por parte del gobierno nacional lo habilita al menos hasta fin de año.
En Mendoza, hay una población carcelaria de unos 5000 reclusos aproximadamente, de los cuales el 75%, es decir unos 3 mil, tienen en su posesión declarada un teléfono celular.
Por el Coronavirus, su utilización se amplió y reguló por parte de las mismas autoridades penitenciarias.
Sin embargo, el coronavirus pasó y los celulares quedaron. La prórroga de esa emergencia por parte del gobierno nacional permite que al menos hasta fines del 2023 se sigan usando.
Un legislador mendocino sugirió en el Congreso Nacional, la prohibición de su empleo para evitar que aun dentro de la cárcel los reclusos sigan delinquiendo.
La organización narco en rosario ha incentivado el debate, ya que los líderes de las bandas siguen operando detrás de las rejas: Cyberestafas, extorsiones, pishing y un sinfín de delitos se pueden cometer hoy a través de Internet.
Por otro lado, quienes defienden que los presos empleen celular advirtieron que mejora el comportamiento porque permite mantener el lazo afectivo con sus familias.
El juez de ejecución penal, Sebastián Sarmiento, asegura que frente al hacinamiento que hay en las cárceles de Mendoza, donde hay 1200 reclusos durmiendo en el piso, el celular es una herramienta que mejora el comportamiento.
Los organismos advierten sobre posibles derechos humanos vulnerados.
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