Dos ciudadanos mendocinos fueron detenidos en el Complejo Fronterizo Los Libertadores luego de que Aduanas y Carabineros de Chile detectaran que intentaban ingresar armas de fuego y municiones de forma ilegal. Uno de ellos las llevaba ocultas en el cuerpo y el otro las escondía dentro de su vehículo.
Personal de Aduanas y Carabineros de Chile detectó a dos ciudadanos mendocinos que intentaban ingresar ilegalmente armas de fuego y municiones al país vecino durante dos controles realizados en el Complejo Fronterizo Los Libertadores.
Los procedimientos ocurrieron en la zona de frontera y terminaron con la detención de ambos sospechosos, quienes quedaron a disposición de la Justicia chilena acusados por delitos vinculados al tráfico de armas y contrabando.
El primer operativo se llevó a cabo durante la inspección de un colectivo de pasajeros que había salido desde Mendoza con destino a Santiago de Chile. Durante el control, los funcionarios revisaron a un hombre de 58 años, identificado como H.A.G., y detectaron que llevaba objetos ocultos debajo de sus prendas.
Al profundizar la inspección, los efectivos encontraron dos pistolas Glock calibre 9 milímetros, correspondientes a los modelos 17 y 45, con sus números de serie eliminados. Las armas estaban sujetas al abdomen del pasajero mediante una faja.
Además, los agentes secuestraron tres cargadores con capacidad para 17 municiones cada uno y accesorios para las empuñaduras de las armas.
El segundo caso fue descubierto durante el control de un vehículo particular que circulaba hacia la comuna de Los Andes.
El conductor, otro ciudadano mendocino de 53 años identificado como J.A.O., fue sometido a una revisión del automóvil. En el interior del rodado, los funcionarios hallaron una pistola Bersa Thunder calibre 9 milímetros. El arma estaba desarmada y distribuida en distintos compartimentos del vehículo, junto con un cargador y 18 municiones sin utilizar.
Luego de los procedimientos, los dos hombres fueron trasladados hasta el Juzgado de Garantía de Los Andes. El fiscal Jorge Alfaro Figueroa les imputó los delitos de tráfico de armas y contrabando.
El juez Daniel Chaucón Ojeda determinó que la libertad de los acusados representaba un riesgo para la sociedad y ordenó que ambos quedaran en prisión preventiva.
La Justicia chilena estableció un plazo de cinco meses para avanzar con la investigación y determinar las responsabilidades en el ingreso ilegal de las armas.