Luis López, padre de Ángel, denunció que su hijo de 4 años fue golpeado y asesinado. La madre y el padrastro están detenidos e imputados por homicidio agravado por el vínculo.
La muerte de Ángel López, un niño de 4 años en Comodoro Rivadavia, generó una fuerte conmoción en la provincia de Chubut. El pequeño ingresó al hospital el 5 de abril en estado crítico y falleció dos días después, pese a los intentos de reanimación.
La autopsia preliminar reveló que el menor presentaba traumatismos en la zona craneal y lesiones previas compatibles con golpes sufridos al menos diez días antes. Estos resultados derivaron en la detención de la madre, Mariela Altamirano, y de su pareja, Maicol González.
Ambos quedaron imputados por homicidio agravado por el vínculo, una figura que contempla penas más severas por tratarse de familiares directos. La investigación avanza mientras se esperan nuevas medidas judiciales en los próximos días.
En paralelo, el padre del niño, Luis López, brindó un testimonio público en el que aseguró que su hijo fue “golpeado y torturado”. Además, cuestionó el accionar de la Justicia y responsabilizó al sistema por no haber evitado el desenlace.
Según López, Ángel había vivido con él desde su nacimiento hasta los 4 años, en un entorno que describió como estable. El niño se encontraba en la vivienda materna en el marco de un proceso de revinculación ordenado judicialmente, lo que el padre señaló como un factor clave en el caso.
El pedido de justicia del padre
En medio de la investigación, Luis López, padre de Ángel, expresó públicamente su dolor y exigió que se haga justicia por la muerte de su hijo. En declaraciones a la prensa, aseguró: “A mi hijo lo golpearon, lo torturaron y lo mataron”.
El hombre también cuestionó el accionar de las instituciones y señaló: “La Justicia me lo sacó y lo entregó a la madre. Yo pedí que no lo hicieran porque sabía que algo podía pasar”.
Con la voz quebrada, López remarcó: “Quiero que se sepa la verdad y que los responsables paguen por lo que hicieron. No voy a parar hasta que haya justicia por Ángel”.
El episodio abrió un debate sobre la intervención estatal en procesos de revinculación y la necesidad de reforzar los mecanismos de protección infantil. La denuncia del padre apunta también a una corresponsabilidad institucional por no haber actuado ante señales de alerta.