La disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad y su traspaso al Ministerio de Salud genera alarma entre referentes del sector, que advierten sobre una pérdida de jerarquía institucional, falta de coordinación y riesgos en la garantía de derechos y prestaciones para las personas con discapacidad.
La decisión del Gobierno Nacional de disolver la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y trasladar sus funciones al Ministerio de Salud generó fuertes cuestionamientos por parte de referentes del sector. Así lo expresó Juan Carlos González Olsina, defensor de personas con discapacidad, quien advirtió sobre una pérdida de jerarquía institucional y serias dificultades en la gestión de derechos.
Según explicó, el decreto de necesidad y urgencia dispone que los organismos vinculados a la discapacidad pasen a depender del Ministerio de Salud, bajo una Secretaría Nacional de Discapacidad. Para González Olsina, este cambio implica dos consecuencias centrales: por un lado, una degradación de la temática en la estructura del Estado y, por otro, la ruptura de la coordinación transversal que existía entre los distintos organismos.
“El problema no es el nombre, no discutimos si se llama Agencia o Secretaría. Lo que está en juego es la capacidad del Estado de garantizar derechos”, señaló. En ese sentido, remarcó que la Andis había sido concebida como un organismo descentralizado y autónomo, lo que permitía articular áreas clave como pensiones y programas de salud bajo una misma órbita. Con la nueva estructura, esa coordinación se diluye.
El defensor también puso el foco en la Ley de Emergencia en Discapacidad, que fue vetada inicialmente por el Ejecutivo, luego insistida por el Congreso y finalmente promulgada, aunque —según denunció— aún no se aplica. “Estamos peleando en la justicia para que se cumpla. Con un organismo debilitado, surge la pregunta de quién y cómo va a garantizar su aplicación real”, advirtió, aludiendo a plazos, responsabilidades y controles.
En Mendoza, la situación se presenta especialmente crítica. González Olsina detalló que la oficina de la Andis en la provincia está “súper saturada”: de casi 20 trabajadores que tenía, actualmente queda una sola persona a cargo de la gestión de pensiones.
Si bien desde el Gobierno se insiste en que las prestaciones continuarán, el referente expresó desconfianza. “La confianza se construye con hechos y, en los últimos dos años, las personas con discapacidad solo han recibido malas noticias”, sostuvo.
En relación con el argumento oficial que vincula el cierre del organismo a hechos de corrupción, González Olsina fue contundente. Aclaró que está de acuerdo en investigar y sancionar irregularidades, pero recordó que las auditorías realizadas sobre las pensiones no derivaron en denuncias ni condenas. Sin embargo, más de 120.000 pensiones fueron quitadas de manera arbitraria y luego restituidas por orden judicial.
“No hubo transparencia real. No hay nadie denunciado ni preso, pero miles de personas quedaron sin su pensión hasta que intervino un juez”, afirmó, y concluyó que este antecedente profundiza la incertidumbre frente a la reestructuración del sistema de discapacidad a nivel nacional.