Miles de familias mendocinas viven en casas sin título de propiedad. Un nuevo programa provincial busca garantizar la escritura a quienes más la necesitan, sin costos y con apoyo técnico.
En Mendoza, miles de familias llevan décadas viviendo en casas que sienten como propias, pero sin contar con el documento legal que lo confirme. Tienen el hogar, pero no el papel que lo respalde. Esa falta de escritura impide acceder a créditos, hacer mejoras, vender, heredar o simplemente vivir con tranquilidad.
Para muchas personas, no se trata de conseguir una casa nueva, sino de regularizar la que ya tienen. Es allí donde entra en acción Mi Escritura, un programa del Gobierno de Mendoza que busca resolver esta deuda histórica con quienes accedieron a viviendas sociales, ya sea por medio del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) o de otras organizaciones, y que, a pesar de haber terminado de pagarla, aún no tienen su escritura.
Un paso clave hacia la seguridad jurídica
La ley provincial N°9632 dio origen a este plan que busca entregar escrituras a más de 40.000 familias en toda la provincia.
El programa elimina costos y simplifica trámites para que obtener el título de propiedad no sea un privilegio, sino un derecho accesible.
Se firmaron convenios con municipios como Junín, Tunuyán, San Martín, General Alvear, Rivadavia y Las Heras, que ya comenzaron a trabajar para acompañar de cerca a las familias. También participan instituciones como AYSAM e Irrigación, sumando esfuerzos para agilizar cada paso del proceso.
El presidente del IPV, Gustavo Cantero, explicó que esta ley permite resolver una situación que lleva años sin solución: “No se trata solo de un trámite. Es la posibilidad de vivir con certezas y dejar algo sólido a las futuras generaciones”.
Una solución concreta, sin trabas ni exclusiones
Uno de los principales beneficios de Mi Escritura es que contempla incluso a quienes tienen deudas menores o trámites inconclusos. Si reconocen la deuda y se comprometen a pagarla, podrán seguir adelante con el proceso. No se los deja afuera, se los incluye.
Además, se eliminan o reducen costos como el Certificado de Libre Deuda o la inscripción en el Registro, y se ofrecen planes de pago flexibles. Todo está pensado para que nadie quede atrás por no tener recursos.
El IPV brindará asistencia técnica mediante su Unidad Ejecutora y la Dirección de Bienes Registrables del Estado. Así, cada familia contará con apoyo profesional para avanzar sin dificultades.
“El objetivo es que el proceso sea rápido, accesible y transparente”, sostuvo el director del IPV, Héctor Ruiz, quien además señaló que ya se trabaja con los municipios para que todos los departamentos de Mendoza formen parte de este plan.