Un fallo federal ordenó restituir las pensiones no contributivas por discapacidad suspendidas en todo el país, pero en Mendoza aún no se reactivaron los pagos. El defensor de las personas con discapacidad advierte que miles de beneficiarios siguen sin cobrar pese a la medida judicial y denuncia falta de idoneidad y estigmatización por parte de las autoridades nacionales.
La revisión de las Pensiones no contributivas por discapacidad, impulsada por el Gobierno nacional a comienzos de la gestión, sigue generando fuertes cuestionamientos y reclamos judiciales. Durante los primeros meses del año, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) llevó adelante auditorías que derivaron en la suspensión de más de 130.000 prestaciones, dejando sin ingresos a miles de personas con discapacidad en todo el país.
En ese contexto, el entonces vocero presidencial —hoy jefe de Gabinete— Manuel Adorni había asegurado que en algunas provincias se habían detectado irregularidades extremas, incluyendo supuestas “radiografías de perros” presentadas para solicitar pensiones. Según los responsables de discapacidad, la afirmación, ampliamente difundida, obligó luego a una rectificación: ya que “nunca existió tal caso”.
Un fallo judicial que ordena restituir pensiones
En octubre, un juez federal de Catamarca dictó una medida cautelar ordenando a ANDIS restablecer todas las pensiones suspendidas y pagar, además, los montos adeudados correspondientes al periodo en el que los beneficiarios quedaron sin cobrar. La resolución también exige reconocer los intereses por la demora.
Sin embargo, organizaciones y defensores de derechos de personas con discapacidad advierten que la medida no se está cumpliendo.
Mendoza: denuncian que los pagos siguen sin restituirse
Juan Carlos González, defensor de las personas con discapacidad en Mendoza, señaló que la agencia nacional no ha retomado los pagos pese a la orden judicial: “Las pensiones suspendidas aún no se están restituyendo. El fallo es claro, pero no se ha reactivado la liquidación”.
González recordó que desde el inicio habían advertido sobre la falta de idoneidad de las autoridades de la agencia: “Para muestra sobra un botón. Hubo una resolución, la 187, donde se trataba a las personas con discapacidad de idiotas, dementes o retrasados mentales. Nos pusieron bajo sospecha sin fundamento”.
El funcionario provincial remarcó, además, el impacto que tuvo la narrativa oficial basada en información falsa: “Se habló de pensiones otorgadas con una radiografía de un perro. Después tuvieron que desmentirlo porque nunca fue verdad. Pero quedaron bajo sospecha miles de personas con discapacidad”.
Auditorías y consecuencias sociales
El ajuste de las pensiones se dio en el marco de un proceso de auditoría integral dispuesto por el Gobierno nacional. Para las organizaciones del sector, estas medidas derivaron en suspensiones masivas sin un análisis individual adecuado y sin notificaciones claras a los beneficiarios.
Entre los puntos más críticos señalan:
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Falta de comunicación oficial con los titulares suspendidos.
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Prestaciones cortadas sin evaluación presencial previa.
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Impacto económico grave en familias que dependen exclusivamente de ese ingreso.
“La justicia ordenó restituirlas. Ahora deben cumplir”
González insistió en que el fallo federal es contundente y de cumplimiento inmediato: “La medida cautelar no deja lugar a interpretaciones. ANDIS debe restituir todas las pensiones suspendidas y pagar lo adeudado. Hasta el día de hoy eso no está ocurriendo”.