La Corte Suprema declaró constitucional la movilidad jubilatoria de 2018 y redujo las posibilidades de reclamo por reajustes, mientras crece la preocupación por un posible fallo similar sobre la fórmula aplicada durante la gestión de Alberto Fernández.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró constitucional la ley de movilidad jubilatoria sancionada durante el gobierno de Mauricio Macri (Ley 27.426), un fallo que genera inquietud entre jubilados y especialistas en derecho previsional.
La decisión, firmada por los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, reduce las posibilidades de reclamo judicial para quienes buscaban un reajuste de haberes.
El caso fue impulsado por el jubilado Miguel Fernández Pastor, ex directivo de ANSES, quien denunció que el cambio de fórmula aplicado en marzo de 2018 produjo un perjuicio económico. Según explicó, cuando se reemplazó la movilidad semestral —que regía desde 2009— por una fórmula trimestral, se otorgó un incremento del 5,71%, cuando la actualización correspondiente debía rondar el 14,5%. Ese desfase motivó la presentación judicial.
Para el máximo tribunal, sin embargo, los artículos 1 y 2 de la ley cuestionada no vulneran la Constitución. De este modo, el reclamo de Fernández Pastor no prosperó y, con él, las expectativas de numerosos jubilados en relación de dependencia que buscaban utilizar ese punto como argumento en futuros planteos.
Aunque el fallo no afecta los haberes mensuales actuales, sí complica la situación de quienes analizaban iniciar demandas por reajuste. Con un elemento menos para fundar sus planteos, abogados previsionales y beneficiarios se mantienen en alerta.
La preocupación crece porque el criterio adoptado por la Corte podría extenderse a otras normas. Entre ellas, la ley de movilidad aplicada durante la gestión de Alberto Fernández (Ley 27.609), declarada inconstitucional por varias cámaras federales del interior y que, según especialistas, ocasionó una pérdida cercana al 40% frente a la inflación durante los años 2021, 2022 y 2023.
Si el máximo tribunal decidiera aplicar de manera estricta el principio del artículo 7 del Código Civil —tal como temen los expertos—, podría convalidar también esa fórmula. En ese caso, advierten, el impacto sería mucho más grave que el observado con la ley de 2018, dado que allí hubo un perjuicio concreto y sostenido para los jubilados.
Por ahora, el sector espera con cautela los próximos movimientos judiciales. La resolución de la Corte no sólo sienta un precedente sobre la movilidad de Macri, sino que marca el camino de lo que podría ocurrir con las controversias previsionales más recientes.