La reglamentación de la Ley de Emergencia en Discapacidad reavivó el reclamo de familias mendocinas, que piden que las auditorías no vulneren derechos y que se garantice el acceso a terapias, prestaciones y pensiones para unas 90 mil personas en la provincia.
Tras la reglamentación de la Ley de Emergencia en Discapacidad a nivel nacional, el debate volvió a instalarse con fuerza en Mendoza, donde unas 90 mil personas con discapacidad y sus familias siguen con atención la implementación de la norma y sus efectos concretos en el acceso a prestaciones, terapias y pensiones.
En diálogo con Noticiero 9, Lorena Fernández, integrante de la Asociación Mendocina de Epilepsia y mamá de Valentina (12), y Sandra Fernández, de la Asociación Familia Autismo de Las Heras y mamá de Gabriel (12), expresaron las principales preocupaciones del sector y marcaron la necesidad de que la reglamentación no quede reducida únicamente a controles y auditorías.
“Las auditorías están bien, pero mucho mejor es garantizar la accesibilidad y los derechos de las personas con discapacidad”, sostuvo Lorena. Ambas coincidieron en que, si bien es correcto detectar irregularidades puntuales, el problema es que durante el último año el colectivo fue “maltratado y estigmatizado”, quedando bajo sospecha permanente.
Terapias, pagos atrasados y endeudamiento familiar
Uno de los reclamos centrales es la falta de pago en tiempo y forma a los prestadores, situación que durante 2025 provocó el cierre de centros terapéuticos y la reducción de sesiones en muchos otros. En Mendoza, esto se tradujo en chicos que directamente quedaron sin terapias o recibieron menos tiempo del necesario.
“Las sesiones que eran de 45 minutos se redujeron a 30, y eso va en detrimento de la salud de nuestros hijos”, advirtió Sandra. A esto se suma que muchas obras sociales y prepagas autorizaron menos sesiones, al considerar algunas terapias como recreativas y no esenciales, obligando a las familias a cubrir coseguros o pagar de su bolsillo. “Hoy muchos padres estamos endeudados para sostener las terapias”, señalaron.
Pensiones no contributivas y auditorías
La ley establece un nuevo régimen de pensiones no contributivas, que serán inembargables, personalísimas y se mantendrán mientras persistan las condiciones que dieron origen al beneficio. Desde las asociaciones valoraron este punto, especialmente para familias monoparentales que dependen de esa pensión para acceder a la cobertura médica.
Sin embargo, remarcaron que las auditorías deben realizarse “de manera correcta y con todas las herramientas”, evitando bajas automáticas que dejen a las familias sin ingresos ni prestaciones mientras dura el proceso de revisión.
Certificado Único de Discapacidad: desgaste y expectativas
Otro eje de preocupación es el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Las madres cuestionaron la necesidad de renovaciones periódicas en casos de discapacidades permanentes, como el autismo o ciertas patologías neurológicas.
“Mi hija tiene epilepsia asociada a otra patología y eso no va a cambiar, pero igual tengo que renovar el certificado cada cinco años”, explicó Lorena. Además, denunciaron el desgaste administrativo que implica presentar todos los años extensos legajos médicos ante obras sociales, con decenas de estudios y formularios.
Según lo informado, el nuevo régimen promete mayor celeridad y el cruce de datos mediante sistemas digitales para agilizar los trámites, aunque todavía no está claro cómo se implementará en la práctica. “Los anexos del decreto hablan de control y auditoría, pero no del mecanismo concreto”, advirtieron.
“Esperanza, pero con cautela”
Las familias expresaron que reciben la reglamentación con expectativa, aunque con cautela, luego de un año marcado por la incertidumbre institucional, el cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad y los cambios de autoridades.
“Ojalá que esta ley se traduzca en un cambio real y deje de maltratarse al sector desde lo sanitario”, concluyeron, agradeciendo el acompañamiento social y las movilizaciones que sostuvieron el reclamo durante todo el año pasado.