El Gobierno confirmó que en mayo continuará el bono de $70.000 para jubilados y pensionados que perciben la mínima, aunque su monto seguirá congelado. La medida busca reforzar los ingresos, pero la falta de ajuste frente a la inflación genera incertidumbre sobre su impacto en el poder adquisitivo de los beneficiarios.
El Gobierno confirmó la continuidad del bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados en mayo de 2025. Este beneficio, que se mantiene congelado desde marzo de 2024, busca reforzar los ingresos de los sectores más vulnerables en un contexto económico desafiante.
ANSES: ¿quiénes cobran el bono de $70.000?
El bono está destinado a los siguientes grupos de beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES):
- Jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo, equivalente a $296.395,99 en mayo.
- Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), cuyo monto asciende a $237.116,80 más el bono, totalizando $307.116,80.
- Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) por discapacidad y vejez, que representan el 70% del haber mínimo, con un ingreso total de $277.477,19 al incluir el bono.
Aquellos jubilados que perciban haberes superiores al mínimo recibirán el bono de manera proporcional, hasta alcanzar el tope de $366.395,99.
Impacto del bono congelado
Aunque el bono representa un alivio para millones de beneficiarios, su congelamiento desde el año pasado genera preocupación. En un contexto de inflación creciente, la falta de ajuste limita su capacidad de sostener el poder adquisitivo de los jubilados y pensionados.
Montos totales con el bono en mayo
- Jubilación mínima: $296.395,99 + bono de $70.000 = $366.395,99.
- PUAM: $237.116,80 + bono de $70.000 = $307.116,80.
- PNC: $207.477,19 + bono proporcional = $277.477,19.
Debate sobre su continuidad
El congelamiento del bono responde a restricciones presupuestarias, según el Gobierno. Sin embargo, especialistas advierten que su impacto real disminuye frente al ritmo inflacionario, afectando la calidad de vida de los beneficiarios.
La medida pone en evidencia las tensiones entre las limitaciones fiscales y la necesidad de proteger a los sectores más vulnerables. El próximo ajuste por movilidad será clave para evaluar si los haberes logran acompañar la evolución de los precios y garantizar una mejora en el poder adquisitivo de los jubilados y pensionados.