El Gobierno Nacional informó, a través del Boletín Oficial, una serie de cambios importantes. A partir de ahora, en los planes de salud cerrados, las recetas emitidas por médicos no incluidos en la cartilla de prestadores no tendrán descuentos. Solo se aceptarán las recetas emitidas por los médicos de cartilla.

Estos cambios responden a un presunto descontrol en la emisión de recetas, donde se ha observado que médicos generales o pediatras prescriben tratamientos costosos sin la debida especialización. En este sentido, se destaca que solo los profesionales que forman parte de la cartilla de los planes de salud podrán realizar recetas que sean válidas para los descuentos establecidos, lo que limitará la autonomía del paciente para elegir su médico y afectará el acceso a ciertos tratamientos.

El Gobierno explicó que el hábito que estaba permitido “refleja un riesgo de desfinanciamiento para los Agentes del Seguro de Salud, dado que la cobertura de prácticas o medicamentos no previstos adecuadamente en sus planes de salud puede comprometer la sostenibilidad financiera del sistema”.

En el texto oficial, se remarcó la diferenciación entre los tipos de cobertura, indicando que “en los planes abiertos los beneficiarios pueden optar por recibir la cobertura médico-asistencial a través de los prestadores de cartilla o de prestadores externos; mientras que, en los planes cerrados los beneficiarios deben atenderse exclusivamente con los prestadores incluidos en la cartilla, quienes resultan ser los habilitados para prescribir una práctica médica o un medicamento”.

El Dr. José Lodovico, presidente de la Federación Médica de Mendoza, expresó su preocupación ante estas modificaciones, afirmando que alteran el acceso a la salud y limitan la libre elección de los médicos. Esta situación puede provocar un colapso en la atención, ya que muchos pacientes deben esperar meses para obtener turnos con médicos de obras sociales. Además, el doctor advirtió que la judicialización de los casos podría incrementarse, ya que los pacientes tienen el derecho de exigir tratamientos que consideren necesarios, independientemente de quién firme la receta.