El Poder Ejecutivo de la provincia envió a la Legislatura un proyecto para actualizar el Código Procesal Minero, que rige desde 1945.
Según el Gobierno el objetivo es agilizar controles ambientales e inversiones con minería sostenible. Los principales puntos es reforzar las funciones de la policía minera y hacer participar a las comunidades locales en la toma de decisiones.
El anuncio la dio en paralelo, el Gobernador, Alfredo Cornejo, durante su exposición en un encuentro con empresarios en Canadá, el dirigente radical afirmó que la provincia debe apuntar a realizar minería sustentable, pero para poder llevarla adelante se necesita de mayor celeridad.
Además, el Gobernador aseguró que la actividad tiene “licencia social” en la provincia.
La Ley 7722 no será tocada con este nuevo Código Procesal Minero.
El proyecto, que consta de 7 artículos y un anexo de 237, abarca la minería de primera, segunda y tercera categoría (canteras) y sigue el ejemplo de los más altos estándares internacionales, regulando incluso el transporte de la producción por rutas y caminos.
“En un contexto de creciente conciencia ambiental y la necesidad de avanzar hacia fuentes de energía más limpias y sostenibles, la minería se convierte en un componente esencial de la transición energética a nivel global”, afirma el texto del proyecto. y suma: "la minería resultará esencial en la diversificación económica de una provincia rica en recursos de subsuelo y con larga experiencia en explotación hidrocarburífera".
El Código de Procedimientos Mineros propuesto desde el Ejecutivo tiene un enfoque integral que garantiza no solo un desarrollo económico responsable y sostenible, sino también la profesionalización y aumento en la dotación de la Policía Minera.
Abarca la modernización de procesos desde la exploración, hasta el transporte de minerales metalíferos y no metalíferos en ruta, con sanciones de aplicaciones efectivas y severas para los incumplimientos.
En su articulado agiliza el trámite de permisos, evitando que queden expedientes sin resolución durante años, o que estas demoras se traduzcan en especulaciones inmobiliarias. Además, propone audiencias conciliatorias en los conflictos, abreviando su resolución.
A su vez, prevé la digitalización de expedientes y de la información geológica de la provincia. Hoy, los ciudadanos no tienen acceso a catastro minero, ni derecho a saber qué tipo de minas y canteras existen, qué hacen y de quiénes son.
“Los expedientes son públicos y cualquier persona puede consultarlos por los sistemas previstos por la Autoridad Minera, salvo que las actuaciones se encuentren a despacho para resolución u otra disposición fundada en contrario”, afirma el proyecto.
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