Avanza la causa por el homicidio de Cynthia Romina Landi, la mujer de 39 años asesinada de un disparo en la puerta de su casa en Guaymallén. La Justicia mendocina detuvo a tres efectivos policiales, acusados como coautores, mientras se esperan pericias clave para determinar quién efectuó el disparo fatal.
Tres policías fueron detenidos este martes en el marco de la investigación por el crimen de Cynthia Romina Landi, la mujer de 39 años que fue asesinada de un disparo en su casa de Guaymallén tras quedar en el medio de una pelea entre su hermano cuidacoches y un grupo de personas que asistía a un boliche de la zona.
La víctima fue asesinada en la madrugada del domingo, cuando quedó en medio de una violenta discusión entre su hermano —que trabajaba como cuidacoches— y un grupo de personas que salía de un boliche de la zona. El ataque ocurrió en la puerta de la vivienda familiar, ubicada en Dorrego, a pocos metros del local bailable Queen.
Según la reconstrucción judicial, el conflicto se inició cuando un grupo se negó a pagar por el estacionamiento. La discusión escaló rápidamente y, tras una persecución, un vehículo blanco pasó por el lugar y efectuó al menos cinco disparos. Uno de los proyectiles impactó en Cynthia Landi, quien intentaba cerrar el portón de su casa mientras sus hijos menores se encontraban en el interior.
En un primer momento, un efectivo había quedado aprehendido. Sin embargo, con el avance de la causa y el análisis de nuevas pruebas, dos policías más fueron detenidas, una tras presentarse voluntariamente ante la Justicia y la otra luego de un allanamiento.
Desde la Inspección General de Seguridad (IGS) confirmaron que los tres efectivos están sospechados de haber participado del hecho, más allá de que aún no se logró determinar quién realizó el disparo mortal. Por ese motivo, la fiscalía los imputó con el mismo grado de responsabilidad penal.
Uno de los datos más sensibles de la causa es que el proyectil que causó la muerte no corresponde al calibre reglamentario de la Policía de Mendoza. Las primeras pericias balísticas indican que se trataría de un calibre de guerra, distinto al 9 milímetros que utiliza la fuerza provincial.
Si bien durante los allanamientos se secuestraron las armas reglamentarias de los policías involucrados, el arma utilizada en el homicidio aún no fue hallada, lo que mantiene abierta una de las principales líneas de investigación. Además, se solicitó información a los organismos que regulan la tenencia y portación legal de armas, para determinar si alguno de los imputados tenía habilitación para ese tipo de calibre.
Mientras avanza la causa penal, la IGS inició un proceso administrativo paralelo, que podría derivar en sanciones dentro de la fuerza. En los próximos días, los tres policías deberán enfrentar la declaración indagatoria, instancia en la que podrán ejercer su derecho a defensa.
La Justicia deberá definir si continúan detenidos o en libertad mientras se completan las pericias balísticas, consideradas determinantes para establecer responsabilidades individuales.