El hombre, sobre quien pesaba una orden de captura por su presunta participación en el crimen ocurrido en Dorrego, se presentó voluntariamente este viernes y quedó a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.
El Ministerio Público Fiscal informó este viernes 9 de enero de 2026 que Lautaro Stagnoli, chofer de colectivo y señalado como partícipe del homicidio de Cynthia Romina Landi, se presentó de manera voluntaria ante la Justicia y quedó detenido.
La novedad fue confirmada por la Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional, a cargo de la fiscal Claudia Ríos, quien conduce la investigación por el hecho ocurrido en Dorrego, departamento de Guaymallén. Sobre Stagnoli pesaba una orden de captura vigente, ya que se encontraba prófugo desde que avanzó la causa.
Según precisaron desde el Ministerio Público Fiscal, el acusado se entregó durante la mañana de este viernes y quedó inmediatamente a disposición judicial. Por el momento, no se brindaron mayores detalles sobre su declaración ni sobre las próximas medidas procesales.
El caso generó fuerte impacto en la comunidad de Dorrego y continúa bajo investigación para determinar con precisión las responsabilidades y la mecánica del hecho. Desde la Fiscalía indicaron que, por ahora, no habrá nuevas comunicaciones oficiales, a la espera del avance de las actuaciones judiciales.
El crimen
Cynthia Romina Landi fue asesinada en la madrugada del domingo, cuando quedó en medio de una violenta discusión entre su hermano —que trabajaba como cuidacoches— y un grupo de personas que salía de un boliche de la zona. El ataque ocurrió en la puerta de la vivienda familiar, ubicada en Dorrego, a pocos metros del local bailable Queen.
Según la reconstrucción judicial, el conflicto se inició cuando un grupo se negó a pagar por el estacionamiento. La discusión escaló rápidamente y, tras una persecución, un vehículo blanco pasó por el lugar y efectuó al menos cinco disparos. Uno de los proyectiles impactó en Cynthia Landi, quien intentaba cerrar el portón de su casa mientras sus hijos menores se encontraban en el interior.
En un primer momento, un efectivo había quedado aprehendido. Sin embargo, con el avance de la causa y el análisis de nuevas pruebas, dos policías más fueron detenidas, una tras presentarse voluntariamente ante la Justicia y la otra luego de un allanamiento.
Desde la Inspección General de Seguridad (IGS) confirmaron que los tres efectivos están sospechados de haber participado del hecho, más allá de que aún no se logró determinar quién realizó el disparo mortal. Por ese motivo, la fiscalía los imputó con el mismo grado de responsabilidad penal. Luego los policías apuntaron contra el colectivero quien se entregó ahora.
Uno de los datos más sensibles de la causa es que el proyectil que causó la muerte no corresponde al calibre reglamentario de la Policía de Mendoza. Las primeras pericias balísticas indican que se trataría de un calibre de guerra, distinto al 9 milímetros que utiliza la fuerza provincial.
Si bien durante los allanamientos se secuestraron las armas reglamentarias de los policías involucrados, el arma utilizada en el homicidio aún no fue hallada, lo que mantiene abierta una de las principales líneas de investigación. Además, se solicitó información a los organismos que regulan la tenencia y portación legal de armas, para determinar si alguno de los imputados tenía habilitación para ese tipo de calibre.