La reforma aprobada en Mendoza otorga al Instituto Provincial de la Vivienda la potestad de ejecutar desalojos inmediatos en casos de incumplimiento. Mora, abandono y uso irregular son las principales causales que ponen en riesgo a los adjudicatarios.
La sanción de la Ley 9.715 en Mendoza marca un cambio profundo en la política habitacional provincial. A partir de ahora, el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) podrá avanzar en desalojos de viviendas sociales sin necesidad de homologación judicial previa, siempre que se verifiquen incumplimientos en la adjudicación. El Gobierno sostiene que la medida busca agilizar la recuperación de inmuebles y reasignarlos a familias que esperan acceder a una casa.
Los casos alcanzados por la nueva normativa son claros y abarcan situaciones frecuentes en el sistema de adjudicación.
- En primer lugar, quienes mantienen mora persistente en el pago de las cuotas quedan expuestos a la pérdida de su vivienda.
- También aquellos que incurren en abandono del inmueble, dejando la casa desocupada o sin uso efectivo.
- Otro grupo son los adjudicatarios que realizan un uso irregular, como alquilar o prestar la vivienda, desnaturalizando su función social.
- La desadjudicación administrativa se convierte en causal directa de desalojo: las resoluciones del IPV ahora tienen fuerza ejecutoria inmediata, lo que agiliza los procesos y evita demoras judiciales.
El cambio normativo incorpora un proceso monitorio en el Código Procesal Civil, Comercial y Tributario, que permite un trámite más rápido y otorga competencia a la Justicia de Paz Letrada. Según datos oficiales, en 2025 se iniciaron 658 expedientes por incumplimientos, con 18 desadjudicaciones. En lo que va de 2026, ya se registraron 413 casos, con 28 viviendas recuperadas.
El Gobierno provincial argumenta que los incumplimientos desnaturalizan la función social de la vivienda y perjudican a miles de ciudadanos que esperan acceder a una casa. La nueva ley busca dar respuesta a esa demanda creciente y evitar que las viviendas sociales se conviertan en objeto de especulación.
Sin embargo, la medida también genera debate. Especialistas advierten que la eliminación de la homologación judicial previa otorga al IPV un poder administrativo significativo, reduciendo las garantías de defensa de los adjudicatarios. Para algunos, esto podría derivar en desalojos acelerados que afecten a familias vulnerables; para otros, representa una herramienta necesaria para recuperar inmuebles y reasignarlos de manera justa.