La investigación por las amenazas de tiroteos en escuelas mendocinas avanza y ya hay imputaciones. Una madre fue acusada como instigadora del delito tras sugerirle a su hijo que llevara una réplica de arma al colegio. Qué dice la ley y cuáles son las posibles penas para los otros menores identificados.
La seguidilla de amenazas de tiroteos en escuelas de Mendoza derivó en una investigación judicial que ya tiene menores imputados y una madre acusada como instigadora. En total, se detectaron al menos seis adolescentes involucrados en distintos episodios vinculados a publicaciones intimidantes y exhibición de réplicas de armas.
Uno de los casos más graves involucra a un joven de 17 años, considerado imputable según el Código Penal vigente, quien fue acusado de intimidación pública tras llevar una réplica de arma a su escuela. En este contexto, la Justicia también imputó a su madre, señalada como quien habría impulsado la conducta.
Según la investigación, la mujer le habría sugerido a su hijo que mostrara el arma “para que le tengan miedo y defenderse”, lo que agravó su situación judicial.
Qué delito se investiga y qué penas prevé la ley
Las imputaciones se encuadran en el artículo 211 del Código Penal, que sanciona a quienes generen temor público mediante amenazas o acciones que alteren el orden social. Este delito contempla penas de 2 a 6 años de prisión.
En el caso de los adolescentes de entre 16 y 18 años, la legislación prevé una reducción de la pena por tratarse de menores, aunque igualmente pueden enfrentar consecuencias penales.
Sin embargo, la situación es más compleja para la madre imputada como instigadora del delito de intimidación pública. Al tratarse de una adulta que habría promovido la conducta del menor, la pena podría agravarse y superar incluso el máximo previsto para el autor directo.
Menores no imputables y responsabilidad parental
Además de los jóvenes imputados, hay otros cuatro adolescentes menores de 16 años que no pueden ser juzgados penalmente. En estos casos, interviene un régimen de protección de derechos, que implica el análisis del entorno familiar y social.
Aun así, la legislación provincial contempla la responsabilidad parental. El Código Contravencional de Mendoza establece sanciones económicas para los padres que incumplan sus deberes de cuidado.
Las multas pueden ir desde las 200 hasta las 3.000 unidades fiscales, lo que equivale a montos que oscilan entre $100.000 y $1.500.000, con posibilidad de incrementarse en caso de reincidencia.
Las investigaciones determinaron que muchos de los episodios comenzaron a partir de redes sociales y desafíos virales, donde adolescentes difundieron mensajes intimidantes, imágenes de armas, en algunos casos réplicas, y amenazas hacia la comunidad educativa.
Este fenómeno generó un efecto multiplicador que derivó en más de 70 escuelas afectadas en toda la provincia, con pintadas, publicaciones y mensajes que generaron temor.
Impacto en las escuelas y medidas de seguridad
Frente a esta situación, las autoridades educativas decidieron mantener las clases, pero con protocolos de seguridad reforzados. Entre las medidas se incluyeron:
- Presencia policial en establecimientos
- Restricción del uso de mochilas
- Supervisión en espacios comunes
- Contención psicológica para estudiantes
A pesar de esto, el nivel de asistencia cayó considerablemente, especialmente en escuelas secundarias públicas. Apenas el 62,46% de presentismo en el turno mañana de este viernes, según informó la Dirección General de Escuelas.