Protocolo de bullying en las escuelas: ¿cuándo tendrían que pagar una multa los padres o realizar tareas comunitarias?

El bullying continúa siendo uno de los problemas más difíciles de abordar dentro del sistema educativo. En Mendoza, la reciente aprobación de una ley que establece sanciones y trabajos comunitarios para los padres de quienes ejercen acoso escolar abrió un fuerte debate sobre su efectividad y sobre el rol que deben asumir las instituciones y las familias.

Especialistas consultados advierten que la medida puede ser un aporte, pero insisten en que el bullying es un fenómeno complejo que no siempre se origina en el hogar. “Siempre hace falta algo más. El bullying es multicausal, no siempre es la familia. Muchas veces la presión del grupo lleva a un chico a actuar de forma violenta”, explicó Alejandro Castro Santander, experto en convivencia escolar.

El especialista aclaró que la nueva ley puede ayudar a frenar ciertos comportamientos, aunque también genera tensión dentro de la comunidad educativa. “Pone en un papel a los directivos, que luego deben demostrar si un caso realmente es bullying. Eso puede enfrentar a la escuela con la familia. Por eso es clave ver cómo se va a reglamentar”, señaló. Y fue categórico: “¿Puede disminuir los casos? Sí. ¿Lo va a solucionar? No”.

Bullying en las escuelas: cómo será la aplicación del nuevo protocolo

Para explicar la implementación, la jefa de Gabinete del Ministerio de Educación, Daniela García, detalló que la ley forma parte de un conjunto de políticas y no de una acción aislada. Entre ellas, se incorporó un curso obligatorio para todos los docentes, destinado a capacitarlos en el nuevo protocolo de intervención.

Este protocolo fue elaborado por equipos interdisciplinarios: psicopedagogos, psicólogos, docentes de aula, directores y especialistas en derecho comparado. Su objetivo es dar herramientas concretas para intervenir cuando aparece una situación de acoso.

García explicó que las escuelas ya trabajan en una etapa preventiva, con talleres de reflexión, capacitaciones y acciones para diferenciar qué es y qué no es bullying. “Todo lo que hace a la concientización siempre funciona. Pero aun así recibimos casos, porque no hay una sola causa”, señaló.

Bullying: cómo deben actuar la escuela y las familias ante un caso

Cuando un docente o un padre detecta una situación de acoso, se activa el protocolo, que establece cuatro niveles de gravedad: leve, moderado, grave y muy grave. Según la categoría, se determina el tipo de intervención.

Las primeras acciones incluyen:

• Citación a los padres de la víctima.

• Citación a los padres del agresor.

• Entrevistas con ambos estudiantes.

• Evaluación del rol de terceros que, sin agredir directamente, incentivan la situación.

Cada paso queda registrado en el sistema de gestión de la DGE, dejando constancia de actas, talleres, intervenciones de salud o derivaciones externas.

¿Qué pasa si el acoso continúa?

Si, pese a las intervenciones, persiste la conducta violenta —sobre todo en espacios fuera de la escuela, como redes sociales—, los padres pueden recurrir a la Justicia Contravencional. Allí se evalúan los antecedentes y se determina la aplicación de multas o trabajos comunitarios.

García aclaró que también se investigará el rol del personal escolar en situaciones graves donde no se haya actuado: “Si un docente no intervino como debía, iniciaremos las actuaciones administrativas correspondientes. No es una responsabilidad que recaiga sólo en los padres”.

Un desafío que requiere de todos los actores

La ley, aseguran desde el Ministerio, busca reforzar el trabajo ya existente, no reemplazarlo. “La escuela sola no puede. Los docentes solos no pueden. Necesitamos a las familias acompañando estos procesos”, enfatizó García.

Mientras se espera la reglamentación para conocer en detalle cómo se aplicarán las sanciones, el debate continúa: cómo equilibrar la responsabilidad de la escuela, de los padres y del Estado frente a un problema que crece y se transforma junto con las dinámicas sociales y digitales.