La investigación está encausada en promesas de altos rendimientos en dólares, contratos formales y oficinas en pleno centro: así operaba el grupo investigado por una estafa que ya suma decenas de víctimas en Mendoza.
La Justicia de Mendoza avanza en la investigación de una presunta estafa que ya cuenta con 14 denuncias formales, aunque el número de damnificados podría superar los 50 en los próximos días. Se trata de un grupo inversor integrado por tres personas que ofrecían ganancias en dólares a quienes depositaran sus ahorros.
Según las denuncias radicadas en el fuero local, las maniobras habrían comenzado en 2023. Durante los primeros meses, los inversores cumplían con los pagos prometidos, generando confianza entre los clientes. Sin embargo, con el tiempo dejaron de abonar los rendimientos mensuales, lo que encendió las alarmas y derivó en las presentaciones judiciales.
La propuesta incluía contratos de mutuo con una rentabilidad del 2,5% mensual en dólares, una tasa muy por encima de las opciones del mercado formal. Este esquema, sumado a la apariencia de legalidad —oficinas en el centro, contratos certificados por escribana y atención profesional—, habría sido clave para captar a decenas de personas, en su mayoría de clase media que buscaban resguardar o hacer crecer sus ahorros.
Uno de los denunciantes es el reconocido maratonista argentino Ignacio Erario, quien junto a su pareja invirtió 28.000 dólares. El deportista aseguró atravesar una situación de gran angustia y remarcó que, además de intentar recuperar el dinero, busca que la causa avance. En su caso, ya pasaron 15 meses desde que debía retirar el capital sin obtener respuestas.
Las cifras que se manejan son elevadas: una familia reclama 300.000 dólares y, en total, la deuda ascendería a unos 500.000 dólares.
Hace unos 20 días, la Justicia imputó por el delito de estafa genérica al abogado mendocino Iván Yoma y a sus socios Pablo Falco y Rodrigo López, en el marco de 14 hechos. Tras una serie de allanamientos en oficinas ubicadas en calle 25 de Mayo y en un barrio privado, se secuestró documentación que actualmente es analizada por el fiscal de Delitos Económicos, Ríos.
Los imputados se encuentran en libertad, luego de pagar una fianza, pero continúan a disposición de la Justicia. Además, debieron entregar sus pasaportes y no pueden salir del país.
Otro aspecto que complejiza la causa es que, en paralelo, los propios integrantes del grupo se denunciaron entre sí. En febrero, uno de ellos acusó a su entonces socio por administración fraudulenta, lo que también es investigado por la fiscalía.
Mientras se procesa la documentación secuestrada y se suman nuevas denuncias, la causa sigue en pleno desarrollo y podría escalar en cantidad de imputaciones y montos involucrados.