Prestadores, familias e instituciones se movilizaron en Mendoza para denunciar atrasos en pagos, riesgo en la continuidad de tratamientos y rechazar cambios en el sistema de pensiones que, aseguran, vulneran derechos de las personas con discapacidad.
Una nueva jornada de protesta se desarrolló este miércoles al mediodía en la explanada de Casa de Gobierno de Mendoza, en el marco de la emergencia que atraviesa el sistema de discapacidad. Prestadores, instituciones, profesionales y familias se movilizaron para visibilizar la situación y entregaron un petitorio a las autoridades provinciales, a la espera de respuestas y la apertura de futuras instancias de diálogo.
Uno de los principales cuestionamientos apuntó contra el proyecto impulsado a nivel nacional para modificar el sistema de pensiones por invalidez. Desde el sector advirtieron que la iniciativa, presentada bajo la idea de combatir el fraude, “pone bajo sospecha a las personas con discapacidad” y las aleja de su reconocimiento como sujetos de derecho.
Además, señalaron que el concepto de “invalidez” representa un retroceso. “Atrasa cien años”, expresaron, al considerar que vuelve a un enfoque centrado únicamente en condiciones de salud severas, sin contemplar las múltiples barreras que enfrentan las personas con discapacidad para acceder a un empleo y a una vida plena.
En ese contexto, también defendieron el sistema de prestaciones en habilitación y rehabilitación, construido durante más de tres décadas. Si bien reconocen que es perfectible, remarcaron que es clave para garantizar el acceso equitativo a servicios esenciales, independientemente del nivel socioeconómico.
La protesta se dio en medio de un escenario crítico: prestadores denunciaron atrasos en los pagos desde noviembre, falta de actualización de aranceles y la imposibilidad de sostener servicios básicos. “No se paga el transporte, no se pagan las terapias y las instituciones ya no se pueden mantener”, señalaron.
Las consecuencias impactan directamente en la vida cotidiana de las familias. Una madre relató que hace un mes su hijo se quedó sin transporte porque las empresas no cobran, mientras que otra persona aseguró que depende de una pensión que resulta insuficiente para cubrir gastos básicos. “No puedo trabajar porque no tengo con quién dejar a mi hijo”, explicó.
También desde los equipos profesionales alertaron por el efecto en cadena que genera esta situación: interrupción de tratamientos, falta de ingresos para trabajadores del sector y riesgo de cierre de instituciones.
Organizaciones como El Naranjito, Cilsa y el Consejo Federal de Discapacidad (sección Cuyo) advirtieron que los cambios propuestos podrían derivar en exclusiones y mayores dificultades para los beneficiarios. Entre las necesidades urgentes, enumeraron la falta de transporte, de insumos, de médicos y de recursos para garantizar la continuidad de las prestaciones.
Durante la manifestación, el petitorio entregado al Gobierno provincial también reflejó la preocupación por la falta de aplicación plena de la ley de emergencia y el temor a posibles bajas de pensiones o interrupciones en los tratamientos.
“Esto no es cuestión de empatía ni de lástima, es un derecho: a la educación, a una vida mejor, a desarrollarse plenamente”, resumieron desde uno de los centros presentes.
Mientras tanto, el sector permanece en estado de alerta, a la espera de respuestas concretas que permitan sostener un sistema que consideran esencial para miles de personas en Mendoza.