El gobernador de Mendoza Rodolfo Suarez firmó el decreto por el cual se inicia el proceso de demanda a la Nación por la distribución a La Pampa de las regalías hidroeléctricas de Los Nihuiles.
El gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez, firmó el decreto por el cual se inicia el proceso de demanda a la Nación por la distribución a La Pampa de las regalías hidroeléctricas de Los Nihuiles.
Suárez inició formalmente el proceso de demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por el cobro de regalías eléctricas del complejo Los Nihuiles, que actualmente comparte con La Pampa.
Tal como se había especulado durante todo el año, el Gobierno mendocino irá contra el Ejecutivo nacional para terminar con el envío de regalías a La Pampa.
Si Mendoza gana el juicio, obtendría un monto multimillonario por la remediación de una situación que solo ocurre en el caso Mendoza-La Pampa.
Es el único lugar del país en el que el 5% de las regalías provenientes de la generación de energía es repartida en partes iguales, si bien se debería tener en cuenta el criterio de la “fuente”, por lo que el dinero le correspondería a Mendoza.
Ahora, Suarez instruyó a Asesoría de Gobierno para que represente a la Provincia y, con la intervención de Fiscalía de Estado (que ya daba por supuesta la alternativa judicial del conflicto) formule demanda ante la Corte Suprema de Justicia.
La discusión central es por las regalías por generación eléctrica de todas las provincias por las que pasa un río o la provincia en la que existe la chance de embalsar el agua y generarla, lo que se conoce como “fuente”. En todas las represas del país cobra regalías sólo la provincia que posee la “fuente”. El único caso que no sucede así es en los Nihuiles.
El planteo preciso, en este caso, es por las regalías eléctricas obtenidas a partir de la generación de Nihuil I, II y III, que Mendoza comparte con La Pampa en un 50% para cada una. Este decreto data de 1973 (gobierno de facto de Agustín Lanusse).
Sin dudas es un monto importante el que se está hablando en el cual Mendoza podría cobrar sobre todo por el pago retroactivo. En 2014 se hablaba de U$S 116 millones, pero actualizado a estos días sería considerablemente más alto.