La Justicia mendocina imputó a un joven de 17 años por llevar la réplica de un arma a la escuela y a su madre por ser instigadora del hecho. El caso se suma a más de 50 amenazas de tiroteo en escuelas de la provincia que generaron preocupación en la comunidad educativa.
En medio de un clima de preocupación por distintas amenazas en establecimientos educativos, el Ministerio Público Fiscal de Mendoza confirmó la imputación de un adolescente de 17 años por el delito de intimidación pública. Según informaron fuentes judiciales, el joven ingresó a una escuela con una réplica de arma de fuego en la mañana de este viernes, lo que motivó la intervención de la Justicia. Además, también imputaron a su madre por ser la incitadora a que el menor concurriera al establecimiento con el objeto.
Por un lado, el fiscal penal juvenil Gustavo Farmache imputó durante el mediodía de hoy a un adolescente de 17 años (considerado menor punible) por el delito de intimidación pública en calidad de autor. Este adolescente llevó a la escuela una réplica de arma de fuego.
En el mismo expediente, la Justicia imputó a la madre del adolescente como instigadora del delito de intimidación pública. De acuerdo con la investigación, habría sido la mujer quien sugirió al menor llevar la réplica del arma al establecimiento educativo.
La calificación implica que la adulta habría tenido un rol activo en la conducta del joven, lo que agrava la situación judicial.
Otro caso: imputaron a un joven por amenazas en redes sociales
En paralelo, el fiscal también imputó a otro adolescente de 16 años, acusado de publicar en redes sociales una imagen de una réplica de arma de fuego acompañada de un mensaje intimidante. Desde la Justicia aclararon que estos hechos son independientes de otras amenazas registradas en escuelas de Mendoza en los últimos días, aunque todos se enmarcan en un contexto de creciente preocupación.
De acuerdo con datos oficiales, entre el miércoles y este viernes se registraron más de 50 denuncias vinculadas a amenazas de tiroteos en distintos establecimientos educativos. Las intimidaciones se manifestaron a través de escrituras y carteles en los baños escolares y publicaciones en redes sociales, lo que generó alarma entre estudiantes, docentes y familias.
Frente a esta situación, la Dirección General de Escuelas (DGE) decidió no suspender las clases, pero implementó un protocolo especial para reforzar la seguridad.
Entre las medidas adoptadas se incluyeron:
- Presencia policial en los establecimientos
- Controles de ingreso, con restricción de mochilas
- Supervisión de situaciones sospechosas