El Gobierno de Mendoza anunció el envío a la Legislatura de un proyecto de Ley de Ciberseguridad que apunta a prevenir delitos informáticos, reforzar la protección de datos personales y mejorar la respuesta ante ataques digitales.
Los delitos virtuales, las estafas online y los ataques informáticos se han convertido en una preocupación creciente en todo el país. En ese contexto, el Gobierno de Mendoza confirmó que avanzará con una nueva legislación destinada a fortalecer la seguridad digital y a crear herramientas específicas para enfrentar amenazas cada vez más sofisticadas. El anuncio fue realizado por el gobernador Alfredo Cornejo durante el cierre de la White Hat Conference 2026, uno de los encuentros más importantes sobre seguridad informática del país.
La futura Ley de Ciberseguridad pretende establecer un marco regulatorio que permita coordinar acciones de prevención, detección y respuesta frente a ataques informáticos que puedan afectar a ciudadanos, empresas privadas y organismos estatales.
Según explicó el Ejecutivo provincial, el objetivo es generar herramientas concretas para enfrentar delitos digitales, proteger información sensible y fortalecer la seguridad de infraestructuras consideradas estratégicas para el funcionamiento de la provincia. Entre ellas se encuentran servicios esenciales como energía, agua, salud, seguridad y sistemas vinculados a la administración pública.
Uno de los ejes centrales del proyecto será la identificación y protección de las denominadas “infraestructuras críticas”, es decir, aquellos servicios cuya interrupción podría generar graves consecuencias para la población.
Dentro de esta categoría se encuentran centrales energéticas, sistemas de distribución de agua potable, hospitales, organismos de seguridad, servicios judiciales y plataformas tecnológicas que sostienen el funcionamiento cotidiano del Estado.
La iniciativa busca establecer mecanismos de prevención para reducir riesgos, pero también protocolos de actuación rápida ante posibles incidentes.
El desafío de responder a los ciberataques
Especialistas en derecho informático destacaron que uno de los aspectos más importantes de este tipo de normativas es definir qué hacer cuando un ataque ya ocurrió. La experiencia internacional muestra que la rapidez de respuesta resulta clave para minimizar daños, recuperar servicios afectados y evitar filtraciones masivas de información.
Por ese motivo, el proyecto mendocino también contempla la creación de procedimientos específicos para actuar frente a incidentes de ciberseguridad y coordinar la respuesta de los distintos organismos involucrados.
El avance de la digitalización también vino acompañado de nuevas modalidades de fraude. En los últimos años, crecieron las denuncias vinculadas a robos de cuentas bancarias, billeteras virtuales, préstamos solicitados de manera fraudulenta y suplantación de identidad.
Los especialistas advierten que muchos de estos delitos ya no dependen exclusivamente de que la víctima entregue sus claves o datos personales. Actualmente, los delincuentes utilizan técnicas más complejas de ingeniería social, aplicaciones falsas y campañas de engaño diseñadas para obtener acceso a dispositivos y cuentas. Por ese motivo, la futura ley busca fortalecer la prevención y promover una mayor coordinación institucional para enfrentar estas amenazas.
La propuesta provincial toma como referencia experiencias que ya funcionan en otras partes del mundo. Países europeos y naciones de América Latina han avanzado en regulaciones específicas para proteger infraestructuras críticas, exigir protocolos de seguridad y mejorar la respuesta frente a ataques informáticos.
Qué recomendaciones hacen los expertos para evitar estafas digitales
Mientras avanza el debate legislativo, los especialistas recomiendan mantener una serie de medidas básicas para reducir riesgos:
- No compartir claves ni códigos de verificación.
- Desconfiar de llamados, mensajes o correos inesperados.
- Evitar descargar aplicaciones enviadas por desconocidos.
- Verificar promociones y sorteos únicamente en sitios oficiales.
- No compartir pantalla ni realizar videollamadas con supuestos representantes de bancos.
- Activar sistemas de seguridad y alertas en cuentas bancarias.
- Revisar periódicamente movimientos y operaciones realizadas.