La Procuración General de la Nación respaldó el pedido de la universidad y recomendó a la Corte Suprema ordenar la restitución total de los predios ubicados al oeste de Avenida Champagnat.
La disputa judicial entre la Universidad Nacional de Cuyo y la familia Vila sumó un nuevo capítulo luego de que la Procuración General de la Nación emitiera un dictamen favorable al reclamo de la casa de estudios por los terrenos ubicados al oeste de Avenida Champagnat.
El documento, firmado por la procuradora Laura Mercedes Monti, avaló la postura de la universidad y recomendó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación hacer lugar al recurso presentado por la universidad para avanzar con la restitución total de las tierras en conflicto.
Aunque el dictamen no es vinculante, desde la universidad lo consideran un paso clave en una causa que se arrastra desde hace décadas y que podría definirse finalmente en el máximo tribunal del país.
Qué terrenos reclama la UNCUYO
El conflicto involucra unas 12 hectáreas ubicadas en la zona oeste de Mendoza, cerca de Avenida Champagnat. Actualmente, una parte del terreno ya fue restituida, aunque desde la universidad aseguran que no pueden utilizarla porque no tiene acceso público.
La rectora de la Universidad Nacional de Cuyo, Esther Sánchez, explicó que el objetivo es recuperar la totalidad del predio para poder desarrollar distintos proyectos académicos, científicos y tecnológicos.
“Este dictamen reafirma lo que ya había dicho la Corte Suprema en 2012: que estos terrenos pertenecen a la universidad y son de dominio público”, sostuvo la rectora durante una conferencia de prensa realizada en Mendoza.
Un conflicto judicial que comenzó hace casi 40 años
La disputa se originó en 1986, cuando el empresario Alfredo Luis Vila impulsó una demanda por usucapión para quedarse con parte de esos terrenos.
En septiembre de 2012, la Corte Suprema rechazó ese planteo y ordenó el desalojo al considerar que se trataba de bienes públicos pertenecientes al Estado nacional y administrados por la universidad.
Sin embargo, durante la ejecución de la sentencia solo se restituyeron unas 6,7 hectáreas. La Cámara Federal de Mendoza entendió que el resto del terreno estaba ocupado por terceros ajenos al juicio y que no podían ser desalojados sin un nuevo proceso judicial. Frente a esa situación, la UNCUYO apeló y reclamó que se cumpla de manera integral el fallo original.
En su resolución, la procuradora Laura Mercedes Monti sostuvo que limitar el alcance del desalojo “frustraría la solución real del conflicto” y afectaría los derechos sobre bienes públicos.
Además, coincidió con la postura de la universidad respecto a que la restitución parcial del predio resulta insuficiente, especialmente porque no permite acceso a los terrenos ya recuperados.
Desde la casa de estudios señalaron que el fallo genera expectativas positivas y que esperan que la Corte Suprema ratifique definitivamente la restitución total de las tierras.
Qué proyectos planea desarrollar la UNCUYO
La universidad adelantó que, en caso de recuperar la totalidad de los terrenos, podrían desarrollarse distintos proyectos vinculados a investigación, formación académica y sustentabilidad.
Entre las iniciativas mencionadas aparecen espacios destinados a prácticas científicas para estudiantes de las facultades de Ciencias Agrarias y Ciencias Exactas, además de la posibilidad de instalar un parque fotovoltaico. “Esto no solo tiene que ver con la recuperación de tierras, sino también con la defensa de la educación pública y del patrimonio de la universidad”, remarcaron desde la institución.
Tras conocerse el dictamen favorable, las autoridades universitarias solicitaron públicamente a quienes ocupan actualmente los terrenos que los entreguen de manera voluntaria para evitar que el conflicto continúe escalando en la Justicia.