La Justicia de Mendoza fijó una pena de 20 años para la religiosa japonesa, condenada por siete hechos de abuso sexual contra niños y niñas sordos que asistían al Instituto Antonio Próvolo. Además, deberá permanecer en Mendoza, entregar su pasaporte y cumplir una serie de medidas judiciales.
La monja Kumiko Kosaka fue condenada a 20 años de prisión por su responsabilidad en siete hechos de abuso sexual contra niños y niñas sordos que estudiaban y permanecían en el Instituto Antonio Próvolo, en Luján de Cuyo. La pena fue establecida por el Tribunal Penal Colegiado N° 2 de Mendoza, integrado por los jueces Gabriel Bragagnolo, Federico Martínez y Juan Manuel González Pina, durante la audiencia de cesura realizada este miércoles y jueves.
La decisión llegó después de que, el pasado 21 de agosto, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza revirtiera la absolución que Kosaka había recibido en primera instancia y determinara su responsabilidad penal en los hechos investigados.
Por qué Kumiko Kosaka no irá a prisión
A pesar de que la Justicia mendocina fijó una pena de 20 años de cárcel, los magistrados resolvieron que Kosaka permanezca en libertad mientras continúa la instancia de revisión. La religiosa tampoco cumplirá prisión domiciliaria. En cambio, deberá cumplir distintas medidas para garantizar que permanezca a disposición de la Justicia.
Entre las condiciones impuestas se encuentran:
- Deberá fijar domicilio en Mendoza.
- Tendrá prohibido salir de la provincia.
- No podrá salir del país.
- Se le retuvo el pasaporte.
- Deberá pagar una fianza de $15 millones.
- Tendrá que presentarse periódicamente ante las autoridades judiciales.
- Recibió además una inhabilitación de 10 años para trabajar con menores de edad.
Kosaka ya había permanecido 5 años y 2 meses bajo prisión preventiva durante el proceso judicial.
La condena por siete hechos de abuso sexual
La Suprema Corte de Justicia de Mendoza había establecido en agosto la responsabilidad penal de Kosaka por cuatro episodios de abuso sexual contra niños y niñas que estudiaban y dormían en el Próvolo.
Entre esos hechos se incluyeron casos de abuso sexual simple y uno considerado gravemente ultrajante.
Además, la Corte la encontró responsable como partícipe de otros tres abusos sexuales cometidos por el sacerdote Horacio Corbacho, quien ya había sido condenado en el primer juicio por el caso.
De esta manera, la pena fijada este jueves se corresponde con los siete hechos por los que Kosaka fue condenada.
Durante la audiencia de cesura, el fiscal Alejandro Iturbide y los abogados que representan a las víctimas habían solicitado una pena de 22 años de prisión. También habían pedido que se estableciera una inhabilitación durante 10 años para que Kosaka pudiera desempeñarse en albergues educativos o trabajar con menores de edad.
Los representantes de las víctimas solicitaron además que la religiosa quedara detenida inmediatamente, argumentando la existencia de un posible riesgo procesal.
Entre los elementos mencionados por la acusación estuvieron su condición de extranjera, la existencia de familiares fuera de Argentina y la falta de vínculos patrimoniales o familiares significativos en el país.
La defensa sostiene la inocencia de Kosaka
Durante la audiencia, los abogados de Kumiko Kosaka volvieron a sostener la inocencia de la religiosa y cuestionaron la decisión de la Suprema Corte de Mendoza. La defensa basó parte de sus argumentos en la sentencia de primera instancia, que había determinado la absolución de Kosaka en octubre de 2023.
Precisamente, esa resolución fue posteriormente dejada sin efecto por el máximo tribunal mendocino, que estableció la responsabilidad penal de la exmonja.
Los abogados ya presentaron un Recurso Extraordinario Federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mediante el cual buscan que se revise la condena dictada por la Justicia provincial.
Entre los cuestionamientos planteados por la defensa se encuentra la decisión de la Corte mendocina de revertir la absolución y la forma en que fueron valoradas las pruebas durante el proceso.
El caso Próvolo comenzó en 2016
La investigación por los abusos sexuales en el Instituto Antonio Próvolo salió a la luz el 25 de noviembre de 2016, luego de la denuncia presentada por Daiana, una de las primeras víctimas en revelar los hechos que había sufrido durante su paso por la institución ubicada en Carrodilla, Luján de Cuyo.
A partir de aquella denuncia comenzó una investigación que incorporó los testimonios de cerca de 20 niños y niñas sordos que habían estudiado y/o permanecido en el establecimiento religioso.
El expediente derivó en dos grandes procesos judiciales. El primer juicio tuvo como principales acusados a los sacerdotes Nicola Corradi y Horacio Corbacho, además de los ex trabajadores Armando Gómez y Jorge Bordón.
Corbacho recibió una condena de 45 años de prisión, mientras que Corradi fue condenado a 42 años. Por su parte, Armando Gómez recibió una pena de 18 años y Jorge Bordón, de 10 años de prisión.
El segundo juicio y la situación de las otras acusadas
El segundo proceso judicial tuvo entre sus principales protagonistas a Kumiko Kosaka, la también religiosa Asunción Martínez, quien era superiora de Kosaka, y la exrepresentante legal del instituto, Graciela Pascual, además de otras mujeres vinculadas al establecimiento.
En octubre de 2023, todas fueron absueltas en primera instancia. La resolución posterior de la Suprema Corte de Mendoza modificó esa situación únicamente respecto de Kosaka: dejó sin efecto su absolución y estableció su responsabilidad penal por los hechos investigados.
En cambio, el máximo tribunal provincial confirmó la absolución de las otras mujeres que habían sido juzgadas.
Así, después de casi 10 años de proceso judicial, la situación de Kumiko Kosaka quedó definida con una condena de 20 años de prisión, aunque su cumplimiento efectivo dependerá de que la sentencia quede firme tras las instancias de revisión correspondientes.