El Gobierno provincial presentó un proyecto de ley para utilizar recursos del Fondo Escolar Permanente como garantía de créditos hipotecarios destinados a docentes. La primera etapa contempla la construcción de 250 viviendas en distintos departamentos de Mendoza.
El acceso a la casa propia podría estar un paso más cerca para miles de trabajadores de la educación. El Gobierno de Mendoza envió a la Legislatura un proyecto de ley que busca modificar el funcionamiento del Fondo Escolar Permanente para transformarlo en una herramienta que facilite el acceso a créditos hipotecarios destinados exclusivamente a docentes. La iniciativa se complementa con el plan habitacional que impulsa el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) y propone un esquema en el que el Estado no prestará dinero directamente, sino que actuará como respaldo financiero para mejorar las condiciones de financiamiento que ofrecerán las entidades bancarias.
Cómo funcionará el nuevo plan de viviendas para docentes de Mendoza
El programa prevé una primera etapa de 250 viviendas que serán construidas en distintos puntos de la provincia mediante un esquema de trabajo conjunto entre el IPV, el Gobierno provincial y entidades financieras.
El modelo de financiamiento contempla que cada beneficiario aporte un 20% del valor de la vivienda como ahorro previo, mientras que el 80% restante será financiado mediante un crédito hipotecario.
La principal novedad es que el Estado provincial utilizará recursos del Fondo Escolar Permanente como garantía para respaldar esos préstamos y facilitar el acceso al financiamiento.
Desde la Dirección General de Escuelas aclararon que el fondo no entregará dinero a los docentes, sino que servirá como respaldo para que los bancos puedan ofrecer mejores condiciones crediticias.
Qué cambios propone la ley que envió el Gobierno
La iniciativa modifica la Ley Nº 9.545, que regula el funcionamiento del Fondo Escolar Permanente, incorporando nuevas fuentes de financiamiento y ampliando los destinos que podrán tener esos recursos.
Uno de los cambios centrales consiste en permitir que el dinero obtenido por la venta, remate, subasta, alquiler o indemnización de bienes en desuso pertenecientes a la Dirección General de Escuelas (DGE) y al Ministerio de Educación pase a integrar ese fondo.
Actualmente, la DGE administra inmuebles, vehículos, equipamiento y otros bienes que dejaron de tener utilidad para el sistema educativo y que generan costos de mantenimiento y almacenamiento.
Con esta modificación, esos activos podrán convertirse en recursos destinados a fortalecer la infraestructura educativa y respaldar programas habitacionales para docentes.
Una parte importante del Fondo Escolar Permanente se nutre actualmente de las denominadas herencias vacantes, es decir, bienes de personas fallecidas que no poseen herederos legales.
Luego del proceso judicial correspondiente, esos inmuebles pasan a la órbita de la Dirección General de Escuelas, que define si los utiliza con fines educativos o si los vende para incorporar recursos al fondo.
Con la reforma impulsada por el Ejecutivo, también podrán incorporarse los ingresos provenientes de la disposición de otros bienes estatales que ya no cumplen funciones dentro del sistema educativo.
Qué garantías tendrá el sistema
El proyecto también establece una serie de límites para proteger el patrimonio educativo.
La iniciativa prohíbe utilizar como garantía los edificios escolares, inmuebles afectados al funcionamiento de las escuelas y cualquier otro bien considerado esencial para el sistema educativo.
Además, la Dirección General de Escuelas deberá mantener un saldo mínimo operativo dentro del Fondo Escolar Permanente y cada operación financiera deberá contar previamente con los informes técnicos, legales, contables y presupuestarios correspondientes.
Con esta herramienta, el Ejecutivo busca facilitar el acceso a la vivienda para docentes, fortalecer el arraigo de los trabajadores de la educación y ampliar las alternativas de financiamiento sin modificar el destino educativo de los recursos públicos.
Quiénes pueden acceder a las casas para docentes del IPV y cuándo serán las inscripciones
Según adelantó el ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, la operatoria estará destinada a docentes de todos los niveles, modalidades y departamentos de Mendoza.
Mientras tanto, el IPV ya inició la convocatoria para empresas constructoras interesadas en desarrollar los distintos proyectos habitacionales. Actualmente se encuentran en evaluación las propuestas y se espera que hacia fines de agosto queden definidas las localidades donde comenzarán las obras.
Una vez confirmados esos desarrollos, el Gobierno abrirá oficialmente la inscripción para que los docentes interesados puedan postularse.
El programa está orientado a trabajadores de la educación con estabilidad laboral. Según informaron desde el IPV, los principales requisitos son:
- Tener al menos un integrante del grupo familiar que sea docente. Se priorizará a docentes titulares por la estabilidad laboral.
- El ingreso mínimo por grupo familiar es de 5 salarios mínimos, actualmente en el mes de mayo son aproximadamente $1.8000.000. Si el docente gana $700.000 por mes, puede sumar los ingresos de su pareja, que debe ganar alrededor de $1.100.000.
- No poder vivienda o haber sido adjudicatario del IPV anteriormente.
- Apto financiero de la entidad bancaria.