El sujeto presentó un hábeas corpus pidiendo el medicamento y dio una insólita razón por la cual lo necesitaba. Desde el Servicio Penitenciario se lo negaron, ya que supuestamente no tenía visitas “amorosas” y ya había recibido una caja. Está condenado a 27 años de cárcel, por abusos sexuales, entre ellos a una niña de 14 años.
Una noticia se conoció esta semana. Es que un hombre preso, por abuso sexual, en el penal de Mendoza presentó a la justicia un hábeas corpus pidiendo un medicamento en específico: viagra.
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Todo comenzó el pasado 31 de agosto cuando un hombre privado de su libertad recibió un paquete con aproximadamente siete u ocho medicamentos. El servicio de penitenciario le da a cada preso, todos los meses, los medicamentos que les corresponde. Sin embargo, cuando este sujeto empezó a contar y a hacer el inventario, se dio cuenta de que le faltaban dos.
Ante esto, se negó a recibir los medicamentos que le habían dado y los devolvió pidiendo que le entregaran todo completo. Entre estos dos que faltaban, uno era fluconazol, utilizado para infecciones producidas por hongos, y el otro era de Sidenafil, o más conocido popularmente como viagra.
El 23 de julio, el personal médico de la penitenciaria había indicado que el preso tenía disfunción eréctil y que necesitaba un tratamiento crónico, pero que bajo ningún punto de vista pone en riesgo su vida.
Ante este problema, el preso decidido presentar un hábeas corpus en la justicia. Esto es un recurso extremo, justamente una medida judicial para que en los tribunales actúen de manera expedita y puedan resolver el inconveniente porque se entiende que hay un agravamiento en las condiciones de detención.
El caso fue a parar a manos de una jueza que indicó que el sujeto había recibido, 11 días antes, una caja de viagra y que la próxima se la iban a dar el 20 de septiembre, pero él no quería esperar, sino que quería que se la entregaran en el momento.
Dentro de la cárcel, los internos cuentan con lo que se conoce como “visitas sanitarias”, es decir, que existe un lugar acondicionado para que estos reciban visitas de sus parejas, ya que estar privado de la libertad no implica que no pueda tener una vida sexual.
Debido a esto, solicitaron el expediente de las visitas que el sujeto tenía. Desde el 27 de agosto del 2020, cuando fue trasladado de Almafuerte al complejo penal de Boulogne Sur Mer no se le conoce el requerimiento de visita sanitaria ni tampoco una pareja en el centro de detención.
El preso en cuestión ya había apelado anteriormente una negativa judicial a la entrega de esta droga. En ese caso, en una audiencia oral, alegó que la quería para “autosatisfacción”.
El Hábeas Corpus fue rechazado por la jueza Alejandra Mauricio. Al interpretar que no había ni urgencia ni se agravaban las condiciones de detención, el reo debía demandar la pastillita azul por otros medios administrativos.
“El interno recibe este medicamento desde un tiempo atrás hasta la fecha. Si su uso es al solo efecto de resolver la disfunción eréctil y su consumo depende de la performance y versatilidad deseada, ¿quién determina la cantidad de droga que se suministra mensualmente al Sr.? ¿Es el Sr. quien pide la entrega del medicamento según sus deseos de perfomance o versatilidad sexual o es el galeno que indicó esta medicación el que decide la versatilidad y performance sexual del paciente?”, indicó la jueza.
Esto va a tener traslado por otras vías judiciales y administrativas, lo interesante acá son dos cosas y eso lo marca también la jueza en su resolución. Primero, Cuáles son los delitos, por lo que esta persona fue condenada a 27 años de prisión. Son varios abusos sexuales gravemente ultrajantes. Uno de ellos es la violación de una nena de 14 años frente a sus padres mientras los apuntaba y amenazaba con un arma de fuego.
Además, la jueza apunta que hay que empezar a ver si con esta excusa de garantizar la salud sexual y no es para tener relaciones con una pareja o con otra persona en cualquier momento puede llegar a filtrarse algo o algún pedido bastante insólito por lo que hace una recomendación tanto el Ministerio de seguridad como el servicio penitenciario de que empiecen a gestionar a controlar y a supervisar a dónde van a parar los recursos de los contribuyentes.