El Colegio Universitario Santa María, de Godoy Cruz, aplicó 20 amonestaciones y severas medidas académicas a 140 estudiantes de quinto año tras una jornada de destrozos en el establecimiento. Las familias reclaman que la sanción es colectiva e injusta, y exigen que se distinga entre quienes causaron daños y quienes solo participaron del festejo de fin de curso.
El Colegio Universitario Santa María, en Godoy Cruz, sancionó a 140 alumnos de quinto año por los destrozos ocurridos el pasado 27 de noviembre, en el marco del llamado “último último día” de clases. La decisión institucional desató una fuerte reacción entre las familias, que califican la medida como “desmedida, inequitativa y generalizada”, y aseguran que se está castigando por igual a estudiantes con participaciones muy distintas en los hechos.
De acuerdo con el relato de la comunidad educativa, los estudiantes habían planeado celebrar su última jornada escolar el 28 de noviembre. Sin embargo, al ser advertidos de que ese día no habría actividad por decisión del colegio, un grupo reaccionó con enojo y se produjeron daños en mobiliario, equipos y trabajos académicos pertenecientes a alumnos universitarios que cursan en el mismo edificio por la tarde.
Aunque las acciones de vandalismo fueron ejecutadas —según denuncian los padres— por “un grupo reducido”, la institución decidió aplicar sanciones a los 140 alumnos que estaban presentes, sin distinguir niveles de responsabilidad.
Las sanciones impuestas
La resolución 65/2025 del colegio establece:
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20 amonestaciones para cada alumno involucrado.
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La posibilidad de reducirlas a 14, solo si se cumple un plan de reparación y recapacitación.
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Quienes ya tengan más de 5 amonestaciones previas no podrán acceder a esa reducción y quedarán libres, debiendo rendir todas las materias para poder egresar en 2025.
Padres y estudiantes sostienen que la medida “homologa conductas muy distintas”, ya que algunos jóvenes arrojaron papeles o participaron de juegos típicos del último día, mientras que otros habrían provocado daños concretos.
Durante la mañana del miércoles, decenas de familias se acercaron al colegio para exigir una revisión de la medida. Sin embargo, aseguran que no fueron recibidos de manera grupal y que solo se otorgaron turnos individuales de atención, incluso con fechas para varios días después.
Uno de los principales cuestionamientos es que, según los padres, hay estudiantes identificados en videos y fotos participando de los destrozos que no fueron incluidos en la lista de sancionados, lo que alimenta sospechas de “acomodos” o tratos diferenciales.
“Piden que aportemos pruebas, pero las consecuencias ya están aplicadas. La sanción es igual para el que rompió un parlante y para el que tiró papelitos”, señaló una madre durante la protesta.
El apoderado legal de la institución, Juan Andrés Torrecilla, afirmó que la sanción se tomó con base en testimonios de docentes, preceptores y directivos. Además, se analizarán nuevas pruebas enviadas por las familias y, de ser necesario, podrían ampliarse las sanciones.
Y aseguró que los daños incluyen mobiliario, paredes, equipamiento electrónico y, lo más grave, proyectos académicos de alumnos universitarios que deberán rehacerse. También reconoció que se trata de un hecho “extraordinario y sin precedentes” y que el proceso de revisión puede llevar días debido al volumen de documentación.
Mientras los estudiantes de quinto año intentan avanzar con sus exámenes integradores y preuniversitarios, la incertidumbre aumenta: algunos podrían quedar libres y ver comprometido su ingreso a la universidad. Las familias, en tanto, anticipan que no descartan acciones legales si la institución no revisa la proporcionalidad de las sanciones.