El Gobierno provincial reglamentó un programa que permitirá a los municipios cofinanciar obras habitacionales junto al Instituto Provincial de la Vivienda. El objetivo es acelerar la construcción, mejorar la urbanización y dar respuesta al déficit habitacional en toda la provincia.
El Gobierno de Mendoza lanzó un nuevo programa habitacional a través del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), con el objetivo de agilizar la construcción y mejora de viviendas en toda la provincia. La iniciativa, que se ejecutará en conjunto con los municipios, busca dar respuesta al déficit habitacional mediante un modelo de cofinanciamiento y planificación urbana estratégica.
A través del Decreto 1291, publicado recientemente en el Boletín Oficial, se reglamentó el funcionamiento de este esquema que permitirá a las comunas aportar recursos para proyectos de construcción, ampliación y urbanización. La medida fue impulsada por el Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, y lleva la firma del gobernador Alfredo Cornejo.
Con un fondo provincial de $20.000 millones, el programa prevé financiar obras habitacionales que se consideran claves para los municipios, tanto desde el punto de vista de la infraestructura urbana como del ordenamiento territorial, la relocalización de asentamientos y la eficiencia en la prestación de servicios públicos.
El programa permitirá que las comunas trabajen junto al IPV para desarrollar proyectos urbanísticos en terrenos con factibilidad de servicios, diseñando espacios que respondan a las necesidades habitacionales reales de cada localidad.
“Este esquema de trabajo conjunto nos permite planificar mejor, construir viviendas más acordes a la demanda local y avanzar más rápido”, destacaron desde el IPV. También subrayaron que, en muchos casos, las casas tipo de dos habitaciones no son suficientes para familias numerosas, por lo que se prevé adaptar los diseños según cada caso.
Cómo funcionará el programa del IPV
El decreto establece que los convenios con municipios podrán hacerse hasta el 30 de septiembre de 2025, y los proyectos deberán estar registrados en el Banco Integrado de Proyectos (BIP), gestionado por la Dirección General de Inversión Pública (DGIP).
Una vez firmado el acuerdo, el IPV deberá iniciar la ejecución de las obras —incluyendo la compra de materiales y contratación de servicios— antes del 31 de diciembre de 2025. Si los plazos no se cumplen, los fondos podrán ser reasignados.
Los proyectos podrán ser nuevos, ya licitados o en ejecución, siempre que no estén financiados en más del porcentaje correspondiente al municipio por otras fuentes nacionales, provinciales o internacionales.
Desde el Gobierno provincial aseguraron que esta operatoria no solo busca acelerar los tiempos de ejecución, sino también ordenar el crecimiento urbano y optimizar el uso del suelo, concentrando el desarrollo en zonas estratégicas.