Instituciones que trabajan con personas con discapacidad en Mendoza denunciaron atrasos en los pagos y aranceles insuficientes. Anunciaron paros de actividades y advirtieron que varias entidades podrían cerrar si no se resuelve el financiamiento.
Representantes de instituciones que brindan servicios a personas con discapacidad advirtieron que atraviesan una grave crisis de financiamiento y anunciaron jornadas de cese de actividades para visibilizar la situación. La advertencia fue realizada durante una conferencia de prensa realizada en Luján de Cuyo.
Mario Carricondo, titular de TADI, explicó que el sector enfrenta serios problemas económicos desde hace al menos dos años debido a demoras y valores insuficientes en los pagos de las prestaciones por parte de las obras sociales, especialmente aquellas que dependen del Estado, como PAMI e Incluir Salud.
“Estamos en una situación muy comprometida y acuciante. Tenemos serios problemas de financiamiento desde hace dos años y esto nos está llevando a dificultades para afrontar sueldos, cargas sociales y costos de mantenimiento”, sostuvo Carricondo.
Según explicó, la situación no solo afecta a las instituciones, sino también a sus trabajadores y a las personas con discapacidad que dependen de estos servicios. “Las personas que atendemos pueden verse privadas de un servicio esencial para mantener una vida digna”, advirtió.
Ante este panorama, las organizaciones del sector resolvieron iniciar un plan de lucha que comenzará con un paro de actividades este viernes y continuará el miércoles 18 y jueves 19. El objetivo es visibilizar una problemática que, según señalaron, no se resolvió pese a la sanción de la ley de emergencia en discapacidad.
La situación de las instituciones
En el caso particular de TADI, Carricondo explicó que se trata de una organización no gubernamental con 60 años de trayectoria en Mendoza que no recibe aportes directos del Estado, sino que funciona a partir de las prestaciones que brinda a través de las obras sociales.
Actualmente la institución atiende a unas 380 personas entre concurrentes y residentes, además de contar con un hogar donde viven 50 personas con discapacidad. En total trabajan allí 154 empleados.
La entidad brinda servicios de centro de día, centro educativo terapéutico para jóvenes y adolescentes y un hogar permanente para quienes requieren acompañamiento integral.
Un problema de alcance nacional
Gustavo Cresmar, director del Instituto Terapéutico Naranjito, remarcó que la crisis no es exclusiva de Mendoza, sino que afecta a todo el país.
En la provincia, según datos del sector, existen 108 instituciones inscriptas dentro del sistema de prestaciones. Entre todas atienden a unas 3.500 personas con discapacidad y generan empleo para entre 1.700 y 1.800 trabajadores.
Cresmar explicó que el problema principal es que los aranceles que se pagan por las prestaciones están por debajo de los costos reales de funcionamiento.
“Nosotros gastamos más de lo que entra, pero porque nos pagan menos de lo que tenemos que pagar para funcionar”, señaló.
Riesgo de cierre de instituciones
Los referentes del sector advirtieron que muchas instituciones ya están utilizando recursos propios para sostenerse, incluyendo patrimonios, inversiones y ayuda de proveedores.
Sin embargo, advirtieron que esta situación no es sostenible en el tiempo y que varias organizaciones podrían cerrar en los próximos meses si no hay una solución.
“Algunos ya cerraron, otros cerrarán en marzo, otros podremos aguantar hasta abril o mayo. El camino es inexorable si esto no cambia”, indicaron.
Reclamo por el cumplimiento de la ley
Durante la conferencia también se remarcó que el reclamo no se basa en pedidos de ayuda o solidaridad, sino en el cumplimiento de la normativa vigente.
Los representantes de las instituciones señalaron que se trata de una cuestión vinculada a los derechos de las personas con discapacidad y de sus familias.
“Esto no es caridad. Es una cuestión de derechos de ciudadanos que pagan impuestos y que necesitan estos servicios”, concluyeron.
Las jornadas de protesta incluirán el cese de actividades y buscan llamar la atención de las autoridades nacionales para que se actualicen los aranceles y se regularicen los pagos a las instituciones que prestan servicios esenciales para miles de personas con discapacidad.