La comunidad educativa de la UNCUYO y otras universidades del país se movilizaron para exigir la aplicación del financiamiento aprobado por ley, mientras la Justicia ya ordenó al Gobierno nacional que transfiera los fondos.
El reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario volvió a tomar fuerza en Mendoza y en distintas provincias del país, donde docentes y no docentes universitarios se manifestaron contra el desfinanciamiento de las universidades públicas y exigieron respuestas urgentes al Gobierno nacional.
En el caso de la UNCUYO, el Consejo Superior declaró la emergencia salarial, en un contexto marcado por la pérdida del poder adquisitivo y la falta de actualización de partidas presupuestarias. La protesta incluyó consignas como “salarios dignos” y “más becas para estudiantes”, en línea con un reclamo que se replica a nivel nacional.
Fallo judicial y presión al Gobierno nacional
El conflicto escaló luego de que la Justicia nacional ordenara al Ejecutivo cumplir con la ley vigente, que establece la actualización de salarios y el refuerzo de fondos para el sistema universitario.
Según estimaciones oficiales, la aplicación de esta normativa implica un desembolso cercano a 2,5 billones de pesos, una cifra que desde el Gobierno aseguran no poder afrontar en lo inmediato. Pese a esto, el fallo ya fue ratificado en dos instancias judiciales, lo que incrementa la presión para su cumplimiento.
Desde el ámbito universitario advierten que la falta de ejecución de la ley pone en riesgo el funcionamiento de las universidades públicas, tanto en lo académico como en lo operativo.
Convocatoria para egresados de la UNCuyo
Salarios atrasados y fuerte pérdida frente a la inflación
Uno de los puntos más críticos del conflicto es la situación salarial. Desde los gremios aseguran que los trabajadores universitarios acumulan un atraso cercano al 50%, producto de una inflación acumulada que supera ampliamente los aumentos otorgados.
En cifras, señalan que mientras la inflación alcanzó niveles superiores al 300% en el período analizado, los incrementos salariales rondaron el 145%, generando un desfasaje que impacta directamente en la calidad educativa.
Además, remarcan que esta situación no solo afecta a los trabajadores, sino también al sistema en su conjunto, con consecuencias como menos oferta académica, reducción de servicios y dificultades para sostener el funcionamiento diario.
La protesta no se limitó al ámbito universitario. También se sumaron representantes de otros sectores, como trabajadores judiciales y profesionales de la salud, quienes señalaron problemáticas similares vinculadas a la falta de actualización salarial. En este contexto, advierten que el conflicto trasciende lo sectorial y refleja una problemática estructural que impacta en áreas clave como la educación superior y la salud pública.
Desde las universidades y los gremios anticiparon que, si no hay avances concretos en el corto plazo, podrían profundizarse las medidas de fuerza en todo el país, en defensa del financiamiento universitario, los salarios docentes y el acceso a la educación pública.