El análisis de varias cámaras de seguridad permitió reconstruir la secuencia del hecho, cambiar las imputaciones y dejar a los policías acusados por encubrimiento agravado, mientras avanza la búsqueda del colectivero prófugo señalado como autor de los disparos que provocaron la muerte de Cynthia Landi.
La fiscal de Homicidios Claudia Ríos modificó la calificación legal en la causa que investiga el homicidio de Cynthia Romina Landi, ocurrido en Dorrego, departamento de Guaymallén. Tras el análisis de las imágenes de las cámaras de seguridad del lugar del hecho, los tres oficiales de la Policía de Mendoza imputados —dos mujeres y un hombre— pasaron a estar acusados por el delito de encubrimiento agravado.
Según se informó oficialmente, el cambio de calificación se determinó al constatarse que los efectivos colaboraron para eludir la labor de la Justicia y no informaron el homicidio. En este marco, se ordenó el recupero de la libertad de los tres policías, bajo una caución de 15 millones de pesos para cada uno, que se hará efectiva una vez que se rinda dicho monto.
En paralelo, el chofer de colectivo Lautaro Stagnoli, quien se encontraba prófugo y se entregó en las últimas horas, quedó imputado como coautor del homicidio agravado.
La investigación también incorporó a tres personas más que permanecen prófugas, quienes se desplazaban en un Chevrolet Corsa. De ese grupo, dos aún no fueron identificadas, mientras que el conductor fue identificado como Benjamín Alanís.
En un primer momento, la causa apuntó a la posible responsabilidad directa de un efectivo policial como autor de los disparos. Sin embargo, con el avance de la pesquisa, la calificación legal cambió: los tres policías imputados —dos mujeres y un hombre— quedaron acusados de encubrimiento agravado, mientras que la situación más comprometida recae ahora sobre el colectivero Lautaro Stagnoli, imputado como coautor de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.
Según la reconstrucción de los investigadores, solo uno de los policías, de apellido Cisterna, habría tenido una intervención directa al patear el portón de la vivienda donde se refugiaban los cuidacoches. En ese domicilio se encontraba Cynthia Landi, quien terminó siendo la víctima fatal del hecho. Las imágenes muestran que, tras abrirse el portón, se produce la secuencia de disparos.
La fiscalía sostiene que quien efectuó los tiros no fue Stagnoli sino un amigo suyo, también colectivero, que actualmente se encuentra prófugo y tiene pedido de captura. De acuerdo a la investigación, este hombre llegó al lugar tras un llamado del propio Stagnoli, portaba un arma de fuego y habría disparado al menos cinco veces, uno de esos proyectiles impactó en el cuerpo de la víctima. Además, se intenta identificar a otras dos personas que habrían arribado junto a él.
Más temprano habló Martín Ríos, abogado defensor de Stagnoli, quien cuestionó la imputación contra su cliente y señaló que, a su entender, la mayor responsabilidad recae en el accionar policial. “Es el policía quien patea la puerta, abre el portón y provoca que se asome una persona. La participación de mi defendido es menor”, afirmó. El letrado también remarcó que la secuencia está claramente registrada por al menos seis o siete cámaras de seguridad de la zona.
En cuanto a los policías imputados, se trata de Víctor Alberto Cisterna y las hermanas Lourdes y Abril Ricarte, estas últimas representadas por el abogado Héctor Brizuela. El defensor confirmó que la imputación para sus clientas es por encubrimiento agravado, en virtud del artículo 277 del Código Penal, aunque adelantó que la defensa no coincide con esa calificación.
Brizuela sostuvo que las cámaras demuestran que las hermanas Ricarte se retiraron del lugar antes del episodio de los disparos. “Ellas participaron de un primer conflicto con los cuidacoches, pero se fueron cuando ya había un móvil policial en el lugar. No regresaron y no estuvieron cuando ocurrió el hecho de sangre”, explicó. Además, negó que se hayan borrado mensajes comprometedores de los teléfonos y aclaró que una de ellas solo eliminó una red social por el hostigamiento recibido, algo que —según indicó— fue corroborado en las pericias.
Respecto al origen del conflicto, el abogado descartó de plano versiones vinculadas a drogas. Según relató, la discusión comenzó cuando los cuidacoches exigieron 5.000 pesos por el estacionamiento en horas de la madrugada. Al no contar con efectivo, una de las jóvenes ofreció pagar por billetera virtual, lo que habría desencadenado la agresión.
Finalmente, se confirmó que las dos policías imputadas accederán a la libertad tras el pago de una fianza de 15 millones de pesos. Mientras tanto, la causa continúa con la búsqueda del principal sospechoso de los disparos y con el análisis detallado del material fílmico que resultó determinante para este giro en la investigación.