Tras un fallo adverso en segunda instancia, adjudicatarios de planes de ahorro denuncian deudas millonarias, cuestionan el accionar judicial y preparan nuevas presentaciones para revertir la medida.
Un grupo de adjudicatarios de planes de ahorro para autos 0 km se presentó en el Palacio de Justicia para impulsar nuevas acciones judiciales luego de que un fallo de segunda instancia revirtiera una sentencia previa que los beneficiaba. Además de la apelación, los damnificados avanzarán con pedidos de jury de enjuiciamiento contra las magistradas que intervinieron en la causa.
Según explicaron, el conflicto se originó tras la decisión de la Cámara que dejó sin efecto el fallo de primera instancia dictado por la jueza Fabiana Martinelli, que había sido favorable a los ahorristas y se apoyaba en antecedentes similares de otras provincias. Con la nueva resolución, aseguran, se reactivaron reclamos de deuda por parte de concesionarias y estudios jurídicos.
Silvia, una de las damnificadas, detalló que la resolución de segunda instancia fue “absolutamente adversa” y cuestionó que dos de las juezas admitieran no haber analizado la totalidad del expediente, que cuenta con unas 15.000 fojas. “Esto, sumado a otras situaciones administrativas, nos hace suponer que hay maniobras de dilación. Mientras tanto, las cuotas se siguen cobrando y hay una pérdida económica para los ahorristas”, afirmó.
En ese contexto, el grupo resolvió avanzar por dos vías: una presentación ante el Consejo de la Magistratura y otra ante la Secretaría Legal y Técnica de la Superintendencia del Poder Judicial. En paralelo, continuarán con las instancias judiciales correspondientes para revertir el fallo.
Los testimonios reflejan el impacto económico de la medida. Gustavo contó que recibió su vehículo en 2019 y que años después canceló el plan, pero hoy enfrenta reclamos que superan los 12 millones de pesos. “Nos siguen presionando con deudas, con llamados y correos de estudios jurídicos”, señaló, y relató casos extremos, como el de una persona que no pudo vender su auto para afrontar un tratamiento médico de su hijo debido a trabas administrativas.
Mónica, otra afectada, aseguró que fue víctima de “propaganda engañosa” al momento de contratar el plan. “Cuando retiré el vehículo, me encontré con costos que supuestamente estaban bonificados. Las cuotas se triplicaron en poco tiempo”, explicó. Según indicó, llegó a pagar 121.000 pesos mensuales bajo una medida cautelar, mientras que sin esa protección el monto ascendía a casi 300.000 pesos. Hoy, estima, la cuota rondaría el millón de pesos.
Por su parte, Alberto relató que tras completar el pago de 85 cuotas, le informaron una deuda adicional que inicialmente era de 350.000 pesos y que actualmente se habría elevado a cerca de 3 millones. “Nunca me explicaron qué era una medida cautelar ni cómo impactaba en lo que pagaba”, cuestionó.
Los damnificados aseguran que la situación afecta a unas 30.000 personas y anticiparon que continuarán organizándose para sostener los reclamos judiciales. La semana próxima volverán a reunirse para avanzar con las presentaciones y definir nuevas acciones en busca de revertir el fallo y frenar los reclamos de deuda.