La Dirección General de Escuelas publicó en el Boletín Oficial el nuevo protocolo obligatorio para la prevención y abordaje del acoso entre estudiantes. A partir de ahora, todas las instituciones —públicas y privadas— deberán seguir pasos específicos ante cada situación.
Tras el ingreso de la nena de 14 años armada a la escuela secundaria de La Paz y entendiendo que el Bullying puede ser uno de los motivos de tal comportamiento, la Dirección General de Escuelas decidió ponerse firme con el tema y oficializó la Resolución 5679-DGE-2025, que aprueba el Protocolo de procedimientos ante situaciones de bullying. Se trata de una herramienta de aplicación obligatoria en todas las escuelas de la provincia, tanto de gestión estatal como privada, que busca reforzar el trabajo institucional frente a la violencia entre pares.
La medida se publica en medio de una fuerte preocupación social por episodios recientes de acoso escolar que tomaron estado público. Estos hechos incluso impulsaron el debate de un proyecto de ley para modificar el Código de Contravenciones, con el objetivo de sancionar a los adultos responsables de estudiantes que cometan bullying.
El texto propone multas de hasta $2 millones o tareas comunitarias cuando se compruebe que hubo falta de intervención o acompañamiento familiar. Así, la responsabilidad frente al acoso deja de recaer solo en las escuelas: también involucra a las familias y a la comunidad.
Bullying escolar: ¿qué establece el nuevo protocolo?
El Blog del Secretario Mike realizó un resumen de la normativa y explicó que el documento organiza el abordaje de las situaciones de acoso en tres momentos clave, que van desde la prevención hasta la intervención posterior al conflicto:
1. Prevención (prevención primaria)
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Incorporar la convivencia escolar al Proyecto Educativo Institucional (PEI).
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Designar referentes escolares de convivencia, con formación específica.
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Crear espacios de participación con estudiantes y familias.
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Trabajar sobre el rol del “tercer actor”, es decir, quienes observan el bullying sin intervenir.
2. Intervención (prevención secundaria)
Ante la presunción o denuncia de acoso, las escuelas deben actuar de manera inmediata y dejar registro en el sistema GEI – Situaciones Emergentes.
Los pasos son claros:
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Entrevistar por separado a la víctima, al agresor y a los testigos.
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Informar a las familias, también de forma separada y sin enfrentamientos.
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Utilizar tres instrumentos obligatorios: hoja de registro del caso, plantilla de seguimiento y memorando de entrevista.
3. Posvención (prevención terciaria)
Luego de intervenir, la institución debe continuar trabajando con el grupo de estudiantes:
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Promover la reflexión y el buen trato.
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Revisar las prácticas escolares y los espacios donde se repiten los conflictos.
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Incorporar encuestas bianuales sobre convivencia y percepción de seguridad.
Casos graves: cuándo intervenir y llamar a los padres
El protocolo incluye una clasificación por niveles de gravedad: leve, moderado, grave o muy grave. La escala tiene en cuenta la frecuencia, intensidad, impacto emocional y duración del acoso.
En todos los casos, la escuela debe comunicarse con las familias, por separado, y registrar la intervención.
Sin embargo, cuando la situación es grave o muy grave, el contacto con los padres se amplía a otras instancias: se activa la participación del DAE (Dirección de Apoyo Escolar), SOE (Servicio de Orientación Escolar), ETI (Equipos Técnicos Interdisciplinarios) o incluso la Fiscalía, según la naturaleza del hecho.
Además, se incluyen lineamientos específicos para ciberbullying y situaciones que involucren violencia de género.
Qué deben hacer las escuelas desde ahora
Con la publicación de la norma, las instituciones educativas deben:
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Difundir el protocolo entre todo el personal docente y directivo.
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Designar referentes de convivencia y capacitarlos.
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Incluir el documento en el PEI institucional.
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Asegurar el registro digital y la confidencialidad de cada caso.
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Mantener una comunicación responsable con las familias, sin exposición de los estudiantes.
Una guía con fuerza de ley
El nuevo protocolo no es optativo: su cumplimiento será obligatorio y tendrá valor institucional y legal frente a posibles sanciones o actuaciones judiciales.
Para la DGE, su aplicación rigurosa busca garantizar una intervención rápida, documentada y formativa, que priorice el bienestar de los estudiantes, el acompañamiento familiar y el fortalecimiento del rol educativo de las escuelas.
En síntesis, Mendoza da un paso firme hacia una política integral de convivencia escolar, donde prevenir, intervenir y acompañar sean parte del mismo compromiso: cuidar a quienes aprenden y enseñan.