La Dirección General de Escuelas (DGE) aprobó el incremento en los aranceles, una medida que impactará en distintos niveles educativos y que busca dar respuesta a los reclamos de sostenibilidad financiera de este sector. La medida responde al aumento de costos salariales y de mantenimiento en las institucione.
La Dirección General de Escuelas (DGE) aprobó un incremento del 7% en las cuotas de los colegios privados que reciben subsidios estatales. La medida comenzará a aplicarse desde marzo y alcanza a instituciones de distintos niveles educativos que dependen en parte de los aportes provinciales para cubrir salarios docentes.
El ajuste responde al aumento de costos salariales y de mantenimiento que enfrentan las escuelas. Desde las cámaras que agrupan a las instituciones privadas señalaron que “la actualización es necesaria para sostener la calidad educativa y garantizar el funcionamiento de los colegios”.
Los directivos de algunos establecimientos remarcaron que la inflación impacta directamente en la gestión diaria. “Sin este tipo de autorizaciones sería imposible mantener la infraestructura y los proyectos pedagógicos”, explicó el representante de una institución de gestión privada con aporte estatal.
La decisión de la DGE también genera inquietud entre las familias, que deberán afrontar el nuevo esquema de cuotas en un contexto económico complejo. Una madre de alumnos de primaria expresó: “Cada aumento nos obliga a reorganizar el presupuesto familiar, y se hace difícil sostenerlo mes a mes”.
El organismo provincial subrayó que el porcentaje autorizado busca ser razonable y evitar un impacto mayor en los hogares. Además, recordó que cualquier modificación en los aranceles de las escuelas privadas con subsidio estatal debe contar con su aprobación previa.
Este incremento se suma a los ajustes aplicados en meses anteriores, reflejando la tensión entre la necesidad de sostener la calidad educativa y el esfuerzo económico que deben realizar las familias. Mientras los colegios insisten en que los aumentos son imprescindibles para sostener la infraestructura y los proyectos pedagógicos, los padres reclaman mayor previsibilidad y acompañamiento del Estado.