El juez federal Walter Bento fue suspendido

Este miércoles, el juez federal Walter Bento fue suspendido de sus funciones y será sometido a un proceso de destitución por “mal desempeño” de sus funciones.

La decisión fue tomada este miércoles por el plenario del Consejo de la Magistratura.

Este miércoles, se decidió tanto la suspensión como el inicio del jury de enjuiciamiento. Solo, el juez Alberto Lugones, cercano a Bento, presentó una disidencia parcial.

En tanto, el 26 de julio comienza el juicio oral a Bento.

Miguel Piedecasas, presidente de la Comisión de Acusación, llevó la voz cantante en la reunión plenaria. Tras resaltar que el dictamen inicial “ha recibido aportes de distintos consejeros para nutrirlo”, presentó un proyecto de resolución firmado la totalidad de los consejeros, con disidencias parciales de Lugones, que propicia la apertura del procedimiento de remoción de Bento por mal desempeño en sus funciones.

“Proponiendo la suspensión en sus funciones como magistrado y acusarlo por mal desempeño ante el jurado de enjuiciamiento”, añadió Piedacasas. Esa fue, justamente, la decisión del Consejo de la Magistratura.

“Debemos señalar que este proceso se puso en marcha por una presentación de la Cámara Federal de Apelación de Mendoza, con todo lo que eso implica, en el sentido de la imparcialidad y la objetividad de la noticia luego canalizada como denuncia que se realiza antes este Consejo de la Magistratura de la Nación”, explicó Piedecasas. Y agregó: “Fue la la Cámara Federal de Apelación de Mendoza quien ha puesto en funcionamiento el procedimiento constitucional y legal que hoy culmina con este proyecto de resolución, y no por personas particulares o representantes de ningún espacio político, lo que da cuenta de la seriedad y objetividad de la misma”.

El titular de la Comisión de Acusación consideró que Bento “ha violentado las más elementales reglas que hacen un correcto desempeño” y puso énfasis en los 10 delitos por los que Bento tiene ocho procesamientos firmes: asociación ilícita, cohecho pasivo, prevaricato, omisión y retardo de Justicia, enriquecimiento ilícito, lavado de activos de origen delictivo, falseada ideológica, abuso de autoridad, desobediencia y ocultamiento de pruebas.

“Estos procesamientos se encuentran firmes y consentidos, de manera tal que existen elementos de convicción suficientes para estimar que han existido varios hechos delictuosos y que la persona imputada es culpable como autor o partícipe de ellos”, manifestó Piedecasas.