La senadora del Frente para la Victoria-PJ Cristina Fernández de Kirchner presentó este miércoles su primer proyecto de ley, con el que buscará prohibir que los funcionarios tengan cuentas en paraísos fiscales y establecer que quienes se encuentren en esa situación deban renunciar.
La iniciativa lleva las firmas de los ocho integrantes de su bloque y propone modificar la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública (25.188) para "ponerle un freno al festival de sociedades offshore en que se ha convertido el gobierno de Cambiemos", expresó la senadora y ex presidenta.
El proyecto se refiere a los sujetos alcanzados por esa ley (presidente, vice, ministros legisladores, jueces y fiscales, entre otros) y les aplica la prohibición de "dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar" o tener cualquier participación en sociedades radicadas en países considerados paraísos fiscales. Tampoco podrán tener títulos valores ni depósitos en bancos u otras entidades que se encuentren en esos países, jurisdicciones offshore o naciones identificadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) como países con "deficiencias anti lavado".
No es la primera iniciativa en ese sentido en el Congreso, según la información publicada por El Cronista. En septiembre del año pasado, el diputado Javier David (PJ - Salta) presentó uno propio para exigir que los funcionarios de los tres poderes estén obligados a tener al menos el 80% de su patrimonio radicado en el país. El oficialismo no intentó tratarlo, y la iniciativa quedó en la Cámara baja.
Con una línea similar, la iniciativa que presentó ayer la ex presidenta señala que la prohibición debe regir durante los dos años anteriores a la asunción en la función pública y que las personas alcanzadas deberán abstenerse de asumir el cargo para el que fueron designadas si tienen patrimonio en el exterior.
Respecto de quienes se encuentren en esa situación siendo ya funcionarios públicos, el proyecto señala que deberán renunciar en un período de cinco días hábiles posteriores a la entrada en vigencia de la ley. Además, indica que al funcionario que incumpla con esa prohibición se le deber aplicar el artículo 256 del Código Penal, que establece la pena de "reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua".
"La mayoría del gabinete está involucrado en los escándalos internacionales de Panamá Papers y Paradise Papers. Y el caso del ministro de Finanzas y endeudador serial Luis Caputo es uno de los más obscenos", manifestó CFK.
.jpg)
%20(1).jpg)
%20(1).jpg)
.jpg)
%20(1).jpg)
%20(1).jpg)
