La Inspección General de Seguridad recibe cada vez más denuncias de civiles y anónimos sobre el accionar de los agentes que deben bregar por la seguridad de toda la ciudadanía.
En la actualidad la fuerza está compuesta por 10.200 policías de los cuales 9.600 están en actividad. Pero según las últimas estadísticas de la Inspección, desde enero del 2017 a marzo se han sumariado a 117 policías, más del doble comparado con el mismo periodo del año anterior, donde sumariaron a 50 efectivos.
Entre las causas más frecuentes de sumarios se destacan violencia intrafamiliar, servicio extraordinario y robo o pérdida de arma.
En estos tres meses se han reportado la pérdida de 12 armas y la situación es inquietante para las autoridades, que están investigando los hechos.
Las armas que el Estado le entrega a policías y penitenciarios son calibre 9 mm de la marca High Power, Bersa Thunder y de marca brasilera Taurus, que cuestan hasta $18 mil, pero en el mercado negro las ofrecen a la mitad.
Más allá del tema económico, la preocupación de las autoridades es por los argumentos que dan los policías: algunos aducen robos y otros aseguran que las pierden o las dejan olvidadas en operativos o vehículos.
Las sanciones van desde los 60 días de suspensión hasta el pedido de cesantía.
El tema está relacionado directamente con la venta ilegal de armas, y desde el Repar, el organismo que regula el uso de las armas, aseguran que el mercado negro sigue creciendo y que los ciudadanos ya no compran tanto en el mercado legal.
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