El Gobierno presentó un proyecto de reforma laboral que propone salarios variables según la productividad y convenios por empresa. La iniciativa busca modernizar el sistema de remuneraciones, aunque genera fuertes tensiones con la oposición y los gremios.
El Gobierno nacional avanza con una nueva reforma laboral que introduce cambios estructurales en el sistema de remuneraciones. Según informó el secretario de Trabajo, Julio Cordero, el proyecto contempla la incorporación de un salario variable atado a la productividad individual de cada empleado.
La iniciativa, que fue presentada ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, será uno de los ejes centrales de la segunda mitad del mandato de Javier Milei. Cordero explicó que el texto se viene trabajando desde hace dos meses junto a los firmantes del Pacto de Mayo.
Convenios por empresa y sueldos dinámicos
Uno de los principales cambios planteados por la reforma es el reemplazo parcial de los convenios colectivos por actividad, que serían sustituidos por acuerdos específicos por empresa. Esto permitirá que cada compañía pueda negociar directamente con sus representantes sindicales si los acuerdos nacionales resultan inviables para su estructura económica.
El nuevo esquema también busca que los salarios se ajusten al rendimiento individual y no solo a los mínimos establecidos por convenio. En ese sentido, Cordero afirmó que, en un contexto de menor inflación, “los aumentos salariales ya no deben correr detrás de los precios”, y que “los trabajadores que se destaquen deben cobrar más”.
De aprobarse, el sistema implicaría que los empleados ya no perciban la misma remuneración cada mes, sino que su sueldo podría variar según los resultados y la productividad.
Otros puntos de la reforma
El proyecto también incluye la continuidad de la eliminación de multas a empresas que incumplen con la legislación laboral, medida que —según el Gobierno— favorece la formalización del empleo, ya que las sanciones “solo beneficiaban al Estado y no al trabajador”.
Desde el oficialismo, con apoyo del PRO y la UCR, defienden la reforma como una herramienta para mejorar la competitividad y reducir la informalidad. En cambio, desde la oposición advierten que la medida podría debilitar la negociación colectiva y aumentar la precarización laboral.
La propuesta forma parte del Presupuesto 2026, y el Ejecutivo espera lograr su aprobación antes de fin de año.