Un comprobante emitido por una exclusiva tienda de blanquería, a nombre de su secretaria, reaviva las sospechas sobre el patrimonio del jefe de Gabinete y suma presión política en medio de las causas por refacciones y gastos millonarios.
La causa contra Manuel Adorni volvió a ocupar el centro de la escena judicial tras el hallazgo de una factura por $8.183.303 en artículos de blanquería, emitida el 2 de junio de 2025 por la firma Rosen The Store. El documento figura a nombre de Gisela Kocsis, secretaria privada del funcionario en la Vocería Presidencial, lo que abre interrogantes sobre la verdadera identidad del comprador.
El dato surgió de las pericias realizadas al celular del contratista Matías Tabar, quien reconoció haber actuado como intermediario en compras y refacciones para Adorni, cobrando comisión por cada operación. Tabar ya había declarado que recibió pagos en dólares sin facturación para remodelar la vivienda del jefe de Gabinete en el country Indio Cuá, Exaltación de la Cruz, donde se instalaron lujos como una cascada en la pileta y una parrilla valuada en miles de dólares.
La magnitud de la factura por blanquería coincide con ese período de obras y refuerza las sospechas de movimientos patrimoniales incompatibles con los ingresos declarados por Adorni. La Justicia investiga si el nombre de Kocsis fue utilizado para encubrir al verdadero beneficiario de la compra.
El fiscal Gerardo Pollicita y el juez federal Ariel Lijo ordenaron a la empresa proveedora entregar en un plazo de 72 horas toda la documentación vinculada: medio de pago, domicilio de entrega, identidad del comprador y receptor. Además, se solicitaron informes patrimoniales de familiares cercanos, como su hermano Francisco Adorni, diputado bonaerense, y su madre Silvia Pais, por inconsistencias en consumos e ingresos.
La Comisión Nacional de Valores (CNV) también fue requerida para aportar datos sobre posibles cuentas en exchanges y billeteras virtuales vinculadas al funcionario desde 2012, en busca de operaciones financieras que expliquen el nivel de gastos detectado.
En el plano político, el caso genera tensión dentro del oficialismo. Mientras sectores opositores reclaman la salida de Adorni como condición para avanzar en negociaciones parlamentarias, la ministra Patricia Bullrich aseguró que el presidente considera que “no existen razones para desplazarlo”.
La investigación por la factura millonaria se suma a las denuncias previas por refacciones en propiedades y operaciones inmobiliarias, consolidando un escenario de creciente presión judicial y mediática sobre el jefe de Gabinete. El desenlace de este proceso podría tener un fuerte impacto en la estabilidad del Gobierno y en la credibilidad de sus principales voceros.