El gobierno de Javier Milei evalúa un nuevo decreto que podría eliminar el reconocimiento de las identidades no binarias en los documentos nacionales, afectando a quienes no se identifican como hombre o mujer.

Esta iniciativa se alinea con otras medidas recientes, como la prohibición del lenguaje inclusivo y los recortes en programas de salud reproductiva, marcando un giro hacia políticas más restrictivas en términos de derechos humanos.

El derecho al DNI no binario está protegido por la Ley de Identidad de Género 26.743, vigente desde mayo de 2012, y comenzó a aplicarse en 2021 durante el mandato de Alberto Fernández.

En Argentina, según datos oficiales, unas 8.293 personas se reconocen como no binarias, y alrededor de 1.500 ya realizaron el trámite para modificar su documento nacional.

El DNI no binario en la Argetnina

El documento nacional de identidad no binario fue implementado en 2021 como una extensión de la Ley de Identidad de Género 26.743, promulgada en 2012. Este derecho permite a las personas que no se identifican exclusivamente con los géneros masculino o femenino reflejar su identidad en documentos oficiales, marcando un avance significativo en materia de inclusión y diversidad. La medida buscó garantizar igualdad de derechos y visibilizar realidades que históricamente fueron ignoradas.

Sin embargo, la posibilidad de que esta categoría sea eliminada mediante un decreto presidencial ha generado preocupación entre activistas y organizaciones de derechos humanos. Esta acción sería percibida como un retroceso en materia de derechos humanos. La medida también afectaría directamente a las más de 1.500 personas que ya poseen este tipo de documento en el país.