El Gobierno refuerza su política penitenciaria con medidas que excluyen a los detenidos de planes sociales, prohíben el uso de celulares en cárceles y establecen el trabajo obligatorio como parte de su reinserción.
El Gobierno de Javier Milei anunció una serie de medidas que modifican el trato hacia las personas privadas de libertad. A partir de ahora, quienes estén detenidos no podrán acceder a programas sociales, perderán el uso de teléfonos celulares en las cárceles, y deberán trabajar obligatoriamente bajo el programa Ocio Cero.
El Vocero Presidencial, Manuel Adorni, informó que los detenidos ya no podrán ser beneficiarios de programas de asistencia económica, como Acompañamiento Social y Volver al Trabajo. Según Adorni, la medida responde a un cambio de enfoque en la política penitenciaria: “En esta administración quienes causaron daños en la sociedad pagan por sus acciones, sin beneficios y sin excepciones”.
El Ministerio de Capital Humano confirmó la nueva incompatibilidad y aclaró que también afecta a quienes fueron excluidos de Potenciar Trabajo por participar en bloqueos o manifestaciones violentas.
Sin celulares en la cárcel
Otra de las medidas anunciadas prohíbe el uso de teléfonos celulares en establecimientos penitenciarios. El Ejecutivo considera que estos dispositivos fueron utilizados frecuentemente para la coordinación de delitos desde el interior de las cárceles.
La entrega de celulares a presos comenzó durante la pandemia, bajo el argumento de que les permitía mantener contacto con sus familias. Sin embargo, el Gobierno actual sostiene que la eliminación de estos dispositivos busca fortalecer la seguridad y evitar su uso para actividades delictivas.
Trabajo obligatorio: el programa Ocio Cero
El Programa Ocio Cero, establecido por la Resolución 1346/2024, busca que los internos trabajen mientras cumplen su condena. El objetivo, según el Gobierno, es transformar la prisión en un período de productividad y preparación para la reinserción laboral, evitando la inactividad.
Desde el Ejecutivo argumentan que la iniciativa permitirá que los detenidos desarrollen hábitos laborales, accedan a capacitación, y eventualmente se reincorporen al mercado de trabajo una vez cumplida su condena.