La Superintendencia de Seguros de la Nación impuso la prohibición de nuevos contratos y la inhibición de bienes a La Nueva Seguros. Las inspecciones revelaron inconsistencias contables, reservas insuficientes y falta de documentación clave, generando un riesgo para los asegurados y la solvencia del sistema.
Una compañía de seguros, altamente utilizada en el país, no podrá celebrar nuevos contratos. Se trata de La Nueva quien está investigada por malversación de fondos.
La Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) resolvió impedir que La Nueva Cooperativa de Seguros Limitada celebre nuevos contratos, administre sus bienes y mantenga vínculos de reaseguro. La medida fue adoptada tras constatar severas irregularidades contables, falta de documentación clave y reservas técnicas por debajo de los niveles exigidos por la normativa vigente.
El caso se originó con la presentación de los estados contables al 31 de marzo de 2025, que evidenciaron una “situación financiera transitoria” y una incapacidad para ordenar pagos. La aseguradora notificó un embargo bancario por más de 300 millones de pesos, lo que derivó en reclamos de otros acreedores y una caída notable en su liquidez.
Ante este panorama, el organismo dispuso el 19 de mayo una inhibición general de bienes, amparado en el artículo 86 de la Ley 20.091, y la ratificó mediante una nueva resolución el 28 de mayo, ante la persistencia de los hechos observados.
Durante una revisión in situ, la Gerencia de Inspección de la SSN detectó que la firma no entregó información básica, como libros contables, planillas de siniestros, detalles del balance, juicios y montos comprometidos. Además, el informe interno mencionó:
- Sentencias firmes impagas
- Reservas subestimadas
- Deudas fiscales sin respaldo documental
- Diferencias en el pasivo judicial y embargos activos
Estos elementos impidieron determinar la posición técnica de la empresa, que incluso presentó una deuda con reaseguradores incompatible con sus pedidos de levantamiento de restricciones.
Según cálculos internos del regulador, La Nueva requería un ajuste del 93% en sus reservas para cumplir con la normativa. Este aumento implicaba sumar 4.473 millones de pesos a sus pasivos, alcanzando más de 4.800 millones. El resultado ponía en jaque su nivel de solvencia y revelaba un estado crítico.
Bajo estas condiciones, la SSN calificó la situación como de “marginalidad normativa”, en el marco del inciso f) del artículo 86 de la ley vigente, y activó medidas cautelares para evitar riesgos a asegurados.
La resolución firmada por el Superintendente prohibió celebrar nuevos contratos, administrar inmuebles y realizar operaciones de reaseguro. También instruyó a distintas gerencias del organismo para relevar el estado de ocupación de inmuebles, registrar la suspensión de emisión de pólizas, y preparar las diligencias legales correspondientes.
La aseguradora fue notificada sobre la posibilidad de apelar a través de la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD), conforme a los artículos 83 y 86 de la Ley 20.091.
La Nueva no es la primera
La situación de La Nueva no es aislada. En 2025, otras aseguradoras enfrentaron incidentes similares. La firma ya había recibido una multa por irregularidades contables y forma parte de un contexto de controles más estrictos por parte de la SSN. En paralelo, Orbis Seguros comunicó su retiro voluntario del mercado a comienzos de año, dejando sin efecto sus coberturas y derivando a sus clientes.
Estas medidas se inscriben en el marco normativo que permite a la SSN actuar de forma preventiva e inmediata, sin necesidad de audiencia previa, cuando el funcionamiento de una aseguradora compromete derechos de terceros o la estabilidad del sistema.
Preservar la solvencia y proteger a los asegurados
La decisión fue avalada por las Gerencias de Inspección, Evaluación y Asuntos Jurídicos. Se ordenó su publicación en el Boletín Oficial y su inscripción en el Registro Oficial, destacando la necesidad de garantizar la solvencia patrimonial de los operadores y la protección de los titulares de pólizas.
La evolución del caso dependerá de futuras inspecciones, posibles presentaciones legales de la empresa y definiciones sobre su operatividad en el mercado asegurador.