El operativo terminó con un desenlace inesperado: además de los autos retenidos, la propia grúa enviada para trasladarlos fue secuestrada. El episodio expuso fallas en la supervisión de servicios tercerizados y generó un fuerte debate sobre la seguridad en los procedimientos viales.
En la localidad de Centenario, Neuquén, agentes municipales y efectivos policiales realizaban un control de tránsito en el barrio Sarmiento. El operativo tenía como objetivo detectar irregularidades en documentación y consumo de alcohol al volante. Durante la jornada se retuvieron varios vehículos, entre ellos una motocicleta cuyo conductor registró 0,95 g/l de alcohol en sangre y acumulaba antecedentes contravencionales.
Para trasladar los autos retenidos, se solicitó la intervención de una grúa Mercedes Benz. Lo que parecía un procedimiento rutinario se convirtió en un escándalo cuando los inspectores advirtieron que el chofer presentaba signos de ebriedad.
El examen de alcoholemia realizado al conductor arrojó más de 1 g/l de alcohol en sangre, superando ampliamente el límite permitido. Además, se constató que no contaba con la documentación habilitante para circular, lo que agravó aún más la situación y obligó a los agentes a tomar medidas inmediatas.
Ante estas irregularidades, la policía decidió secuestrar la grúa y trasladarla al depósito municipal junto con los autos que debía remolcar. El hecho generó sorpresa entre los presentes y rápidamente se viralizó en redes sociales por lo insólito del desenlace.
La medida provocó reclamos de los conductores cuyos vehículos habían sido retenidos. La discusión derivó en empujones y golpes, y un efectivo policial resultó lesionado. Fue necesaria la intervención de más agentes para controlar la situación y evitar que el conflicto escalara.
Este caso abre un nuevo debate sobre la responsabilidad de las empresas contratadas por los municipios. La falta de controles previos sobre los choferes y la documentación de los vehículos genera preocupación en la comunidad, que exige mayor firmeza para garantizar la seguridad en la vía pública.