Cristina Kirchner sigue bajo prisión domiciliaria y ahora cuestiona al tribunal por limitar quiénes pueden visitarla. Solo puede recibir a su familia, médicos y abogados, y cualquier otra visita necesita autorización previa.
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner criticó en Twitter al Tribunal Oral Federal 2 por las restricciones impuestas a su régimen de visitas mientras cumple prisión domiciliaria, tras la condena firme por la causa Vialidad. A través de un posteo en su cuenta de X, denunció que las condiciones impuestas son arbitrarias y violan sus derechos civiles y políticos.
Kirchner expresó que el tribunal solo le permite recibir visitas de su núcleo familiar, abogados y médicos, y que cada ingreso debe estar previamente autorizado. “Cada vez que quieran visitarme deberán presentar una solicitud al Tribunal y luego esperar su autorización”, escribió, asegurando que estas restricciones no se aplican en otros casos similares.
Ayer, el Tribunal tuvo que aclarar que puedo salir al balcón de mi casa.
Hoy, mis abogados tuvieron que recurrir otra decisión del mismo Tribunal, que sólo permite que me visiten, y previo listado… únicamente mi núcleo familiar, mis abogados y mis médicos.
El resto de mis…
— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) June 20, 2025
La medida se da en medio de la polémica por la visita de la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, quien ingresó a su domicilio sin figurar en el registro habilitado a menos de 48 horas de comenzada la detención domiciliaria. Según el tribunal, se exige un listado de visitantes autorizado con 48 horas de antelación.
En respuesta, sus abogados, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, solicitaron a la justicia que se reviertan estas condiciones. Argumentaron que Cristina Kirchner, como titular del Partido Justicialista, mantiene intactos sus derechos civiles y políticos, y que limitar su contacto con dirigentes o figuras internacionales, como Luiz Inácio Lula da Silva, resulta inconstitucional.
Los letrados advirtieron que estas restricciones podrían afectar no solo a su defendida, sino también al sistema democrático, ya que “no existe una norma legal que justifique este régimen de control sobre las visitas” ni un criterio claro para aprobar o rechazar solicitudes.
Finalmente, amparados en el principio de legalidad consagrado en la Constitución, los defensores exigieron garantías plenas sobre la preservación de los vínculos sociales y políticos de su representada, subrayando que la prisión domiciliaria no debería operar como aislamiento personal o partidario.