Las sanciones por no emitir un sufragio en las elecciones del 26 de octubre pueden ir más allá de una multa: desde quedar registrado como infractor hasta no poder hacer trámites oficiales por un año. Qué montos se manejan, cómo justificar la ausencia y qué implicancias tiene no cumplir con el deber cívico.
A pocos días de las elecciones legislativas del 26 de octubre, miles de argentinos se preguntan qué ocurre si no concurren a votar. En un país donde el voto es obligatorio para ciudadanos entre 18 y 70 años, ausentarse sin justificación puede implicar multas económicas, restricciones administrativas y la inclusión en el Registro Nacional de Infractores. Pero ¿cuánto cuesta realmente no ir a votar y qué trámites hay que hacer para evitar sanciones?
Según la Cámara Nacional Electoral, quienes no se presenten a votar y no justifiquen su ausencia dentro de los 60 días posteriores, deberán pagar una multa que puede ir desde los $50 hasta los $500. Sin embargo, en casos de reincidencia o acumulación de infracciones, algunos juzgados han aplicado sanciones que superan los $2000, especialmente cuando se trata de ciudadanos que no han regularizado su situación en elecciones anteriores.
La justificación de la no emisión del voto puede realizarse de manera presencial en los juzgados federales con competencia electoral o a través del sitio oficial de infractores.
Entre las causas válidas se encuentran:
- Estar a más de 500 km del lugar de votación (con constancia policial
- Problemas de salud (con certificado médico)
- Razones laborales debidamente documentadas.
“Es fundamental que el ciudadano actúe dentro del plazo legal para evitar sanciones mayores”, explica María Eugenia Di Lorenzo, jueza federal de San Martín.
Además de la multa, quienes no voten ni justifiquen su ausencia no podrán realizar trámites en organismos estatales durante un año o hasta cambiar su situación, como renovar el DNI, obtener pasaporte o gestionar becas. También quedarán inhabilitados para ejercer cargos públicos durante tres años, lo que puede afectar a quienes trabajan en el sector estatal o aspiran a hacerlo. “La sanción no es solo económica, sino también funcional”, advierte el abogado constitucionalista Jorge Rizzo.
El Registro Nacional de Infractores es público y puede ser consultado por cualquier persona. Figurar en él no solo implica una sanción, sino también una marca administrativa que puede generar complicaciones en trámites cotidianos. Por eso, especialistas recomiendan verificar el estado electoral en el padrón y regularizar cualquier situación pendiente antes de que se cumpla el plazo legal.
En caso de haber estado fuera del país, el trámite de justificación se realiza en el consulado argentino correspondiente, donde se debe presentar documentación que acredite la residencia o el tránsito internacional. “Muchos ciudadanos creen que estar en el exterior los exime automáticamente, pero deben hacer el trámite igual”, aclara Laura Serra, especialista en derecho electoral.