Un proyecto que propone aumentar las condenas para quienes realicen denuncias falsas avanzó en el Senado y reabrió una discusión sensible: mientras algunos reclaman sanciones más duras, desde sectores judiciales advierten que podría desalentar a las víctimas reales a denunciar.
El debate por las falsas denuncias volvió a instalarse con fuerza en el Congreso luego de que avanzara una iniciativa impulsada por la senadora Carolina Losada para modificar el Código Penal y aumentar las penas contra quienes acusen falsamente a otra persona. La propuesta generó posiciones enfrentadas. Por un lado, organizaciones y familiares de personas absueltas aseguran que las falsas acusaciones provocan daños irreparables. Del otro, especialistas y observatorios judiciales sostienen que este tipo de delitos representan un porcentaje mínimo dentro del sistema penal argentino.
Actualmente, el delito de falsa denuncia contempla penas bajas: multas económicas y condenas excarcelables que van de dos meses a un año de prisión.
El proyecto presentado busca endurecer ese esquema y elevar las penas a entre uno y tres años de cárcel. Además, plantea sanciones aún mayores, de hasta seis años, cuando las acusaciones falsas estén vinculadas a casos de violencia de género o delitos contra la integridad sexual.
La iniciativa comenzó a tomar impulso en medio de una creciente discusión pública sobre el impacto que pueden tener este tipo de denuncias tanto en la Justicia como en la vida personal de los acusados.
El dato que encendió la discusión: cuántas denuncias falsas hay en Argentina
Según un informe elaborado por el Observatorio de Violencia de Género de los Ministerios Públicos, las falsas denuncias representan apenas el 0,09% del total de investigaciones penales registradas entre 2023 y 2025 en 17 jurisdicciones del país.
El estudio analizó más de 8,2 millones de causas judiciales y concluyó que se trata de un fenómeno “marginal” dentro del sistema penal.
De acuerdo con esos datos, la falsa denuncia equivale aproximadamente a una causa cada mil investigaciones, mientras que el falso testimonio representa una cada cuatro mil. Sin embargo, el informe también detectó un aumento en la cantidad absoluta de casos registrados durante los últimos años.
En Mendoza, los números también muestran una baja proporción de denuncias falsas. Según datos difundidos durante el debate, en lo que va de 2026 se registraron unas 32 mil denuncias en la provincia y solo 12 fueron identificadas judicialmente como falsas.
Aun así, sectores que apoyan la reforma aseguran que el impacto sobre las personas acusadas puede ser devastador, incluso cuando luego son absueltas. Abogados y organizaciones que acompañan estos casos remarcan que muchas veces las denuncias generan detenciones preventivas, restricciones familiares y daños personales difíciles de revertir.
El temor de la Justicia: que las víctimas dejen de denunciar
Desde distintos sectores judiciales y organismos vinculados a la violencia de género advirtieron que un endurecimiento de las penas podría provocar un efecto contrario al buscado.
La preocupación principal es que posibles víctimas de violencia o abuso teman denunciar por miedo a enfrentar consecuencias penales si no logran probar los hechos.
Por eso, el debate quedó dividido entre quienes reclaman mayor protección frente a acusaciones falsas y quienes consideran que el sistema actual ya contempla sanciones suficientes para esos casos.
Mientras tanto, el proyecto continúa avanzando en el Congreso y promete seguir generando discusión en todo el país.