El conflicto entre traumatólogos y clínicas privadas sigue sin solución, afectando la atención de afiliados a PAMI en Mendoza, mientras se mantiene la negativa a la tregua propuesta por el Ministerio de Salud.
A dos semanas de la suspensión de los servicios traumatológicos para afiliados de PAMI en clínicas privadas de Mendoza, la situación sigue sin resolverse. A pesar de la mediación del ministro de Salud de la provincia, Rodolfo Montero, los profesionales rechazaron la nueva propuesta económica y mantienen la restricción en la atención.
Desde el Ministerio de Salud se planteó una tregua de 60 días, con un pago diferencial por la atención en urgencias y cirugías programadas, para garantizar la asistencia a los pacientes. Sin embargo, este acuerdo no fue aceptado por los traumatólogos, lo que profundizó la preocupación de la Asociación de Clínicas y Sanatorios Privados (ACLISA).
En un comunicado oficial, Aclisa expresó su inquietud por el impacto que la medida de fuerza está generando en los pacientes, especialmente en los adultos mayores, quienes dependen de la cobertura del PAMI para sus tratamientos traumatológicos.
La postura de las clínicas privadas
Las clínicas y sanatorios remarcaron que la interrupción de la atención traumatológica se está llevando a cabo de manera coordinada, conjunta y unilateral, afectando todas sus modalidades: atención ambulatoria, cirugías programadas y urgencias.
Aclisa advirtió que esta suspensión pone en riesgo el acceso a servicios esenciales para un grupo vulnerable y que los pacientes no deberían ser usados como rehenes en un conflicto económico. Además, recordaron que los aranceles son establecidos por el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) y no por las clínicas privadas.
Sin acuerdo y con medidas extremas
La entidad hizo un llamado a los traumatólogos para que reconsideren su postura y levanten la suspensión de servicios, aceptando el plazo de 60 días propuesto por el Ministerio de Salud para encontrar una solución definitiva.
Aclisa también reafirmó su compromiso con la atención de los adultos mayores y la estabilidad del sistema sanitario, instando a los actores involucrados a actuar con responsabilidad profesional y social para destrabar el conflicto.
Por el momento, el panorama sigue incierto, y la continuidad de la medida mantiene en vilo a miles de afiliados de PAMI que dependen de la atención traumatológica en Mendoza.
El comunicado de ACLISA
El comunicado de ACLISA:
“Las clínicas, sanatorios y hospitales privados de la provincia de Mendoza que prestan servicios a los afiliados del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP – PAMI), expresamos nuestra profunda reocupación por la interrupción de la atención traumatológica en todas sus modalidades (ambulatoria, cirugías programadas y urgencias), llevada adelante de manera coordinada, conjunta y unilateral por equipos de Traumatología en la provincia”.
Este accionar ha implicado, en los hechos, la suspensión de servicios esenciales para un grupo de pacientes que representa el sector más vulnerable del sistema de salud argentino. El uso de mecanismos de presión que colocan a los pacientes como rehenes constituye un grave atentado contra la salud pública y vulnera principios éticos y sanitarios fundamentales.
En el marco de esta situación crítica, se convocó a una mesa de diálogo en la cual participaron representantes de las instituciones de salud, del Ministerio de Salud de la Provincia —que se ofreció como mediador— y delegados de los traumatólogos. En dicho ámbito se presentó una propuesta concreta por parte de las clínicas, acorde a los valores de mercado vigentes en la provincia, y que excede ampliamente nuestra capacidad económica, con el único objetivo de sostener la atención a nuestros pacientes. Lamentablemente, esta propuesta fue rechazada de manera unánime por los equipos en conflicto.
Cabe destacar que las clínicas y sanatorios no fijamos ni definimos los valores de los aranceles, los cuales son establecidos por el INSSJP. Por lo tanto, no somos formadores de precios ni generadores de la actual situación.
Sostenemos que no es posible entablar un diálogo legítimo bajo medidas extorsivas ni con los pacientes como rehenes de un reclamo sectorial. Para avanzar en una solución real y sostenible, es imprescindible que los equipos de Traumatología levanten de inmediato la suspensión de los servicios y acepten el plazo de 60 días propuesto en el Ministerio de Salud para la resolución del conflicto.
Como instituciones de salud, ratificamos nuestro compromiso con la atención de los adultos mayores y con el fortalecimiento del sistema sanitario, y apelamos a la responsabilidad profesional y social de todos los actores involucrados”.