Irán rechazó con dureza la decisión del Gobierno argentino de declarar terrorista a la Guardia Revolucionaria, lanzó advertencias diplomáticas y evitó referirse a los atentados de los años 90, en medio de un escenario internacional cada vez más tenso.
La tensión diplomática entre Argentina e Irán sumó un nuevo capítulo tras la decisión del Gobierno de Guardia Revolucionaria Islámica como “organización terrorista”. La medida, adoptada por la administración de Javier Milei, provocó una dura reacción de Teherán, que la calificó como “ilegal e injustificada” en un comunicado difundido por su Ministerio de Relaciones Exteriores.
El pronunciamiento iraní no se limitó a una crítica formal. En el texto, el régimen sostuvo que la decisión constituye “una ofensa imperdonable al pueblo iraní” y advirtió que genera “responsabilidad internacional para el Estado argentino”, en una fórmula habitual dentro de su retórica diplomática ante sanciones o medidas externas.
La reacción llegó luego de que la Casa Rosada oficializara la inclusión de la Guardia Revolucionaria en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo (RePET). Esta incorporación habilita sanciones financieras, congelamiento de activos y restricciones operativas para la organización.
Desde el Gobierno argentino justificaron la medida en antecedentes judiciales y de inteligencia vinculados a los atentados contra la Embajada de Israel en Buenos Aires en 1992 y la AMIA en 1994. Ambos ataques, los más graves en la historia del país, dejaron más de 100 víctimas fatales y cientos de heridos, y derivaron en pedidos de captura internacional contra ex funcionarios iraníes.
Sin embargo, el comunicado de Teherán evitó cualquier referencia a estos hechos. No mencionó ni la AMIA ni la embajada israelí, en línea con la postura histórica del régimen, que ha negado de manera sistemática cualquier responsabilidad en los atentados.
En cambio, el gobierno iraní centró su respuesta en una lectura geopolítica. Afirmó que la decisión argentina fue adoptada “bajo la influencia del régimen sionista ocupante y de Estados Unidos”, y la vinculó con el actual escenario internacional, marcado por la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel contra Irán.
En esa línea, Teherán sostuvo que la medida “viola los principios fundamentales del derecho internacional” y constituye una “intervención en los asuntos internos”, argumentos recurrentes en su política exterior. Además, elevó el tono político al señalar que el presidente argentino y su canciller “se han colocado como cómplices de los crímenes cometidos y del lado equivocado de la historia”.
El comunicado también incluyó una defensa explícita de la Guardia Revolucionaria, a la que definió como “defensora de la seguridad nacional” y “la fuerza más efectiva contra el terrorismo de ISIS”. Esta caracterización contrasta con las acusaciones internacionales que la vinculan con operaciones encubiertas y apoyo a organizaciones armadas como Hezbollah.
En el plano local, la decisión del Gobierno argentino se inscribe en una estrategia más amplia. En los últimos meses, también fueron incorporados al RePET grupos como Hamas, Hezbollah y la Fuerza Quds, el brazo externo de la Guardia Revolucionaria. El objetivo es reforzar el alineamiento con Estados Unidos e Israel y endurecer la posición frente al terrorismo internacional.
No obstante, el trasfondo argentino resulta clave. Las causas judiciales por los atentados de los años 90 siguen marcando la política exterior del país. La inclusión de la Guardia Revolucionaria en el listado oficial no solo tiene efectos operativos, sino también un fuerte contenido simbólico: reafirma la postura del Estado sobre la responsabilidad iraní en esos ataques.
El cruce entre ambos gobiernos vuelve a exponer posiciones irreconciliables. Mientras Argentina sostiene su decisión en investigaciones judiciales y antecedentes históricos, Irán rechaza las acusaciones, evita responder sobre los hechos y recurre a una narrativa basada en la denuncia de injerencia y la confrontación ideológica.
En un contexto internacional atravesado por la guerra y la creciente polarización, la disputa anticipa un mayor deterioro en la relación bilateral, en momentos en que la política exterior argentina profundiza su alineamiento con los actores que confrontan directamente con el régimen iraní.